Las autoridades de Estados Unidos confirmaron la captura de tres personas en Medellín, durante un operativo multinacional que desarticuló una red dedicada al fraude de visas y al lavado de dinero.
Los ahora capturados son señalados de conformar una organización que, según autoridades estadounidenses, engañó a miles de ciudadanos en América Latina y serían operadores directos de los call centers clandestinos desde los cuales se ejecutaba el esquema que ofrecía visas de trabajo falsas para ingresar legalmente a Estados Unidos.
La Dijín y la Fiscalía realizaron allanamientos en tres centros de llamadas ubicados en Medellín, donde los involucrados, presuntamente, suplantaban a funcionarios consulares estadounidenses mediante videollamadas, correos electrónicos y documentos falsificados.
Desde estas oficinas, al parecer, se coordinaba el contacto con las víctimas, la creación de sitios web fraudulentos y la elaboración de supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo con sellos adulterados. El dinero que las personas pagaban, convencidas de que avanzaban en un trámite real, era enviado a intermediarios en al menos 16 estados de Estados Unidos, para luego regresar a los líderes del esquema mediante maniobras de lavado de activos.
Las víctimas eran procedentes de más de 15 países y llegaban, incluso, a presentarse en embajadas estadounidenses para citas inexistentes, después de recibir comunicaciones falsas en las que se les aseguraba que sus solicitudes estaban aprobadas. Hasta ahora, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y estiman que más de 7.000 habrían sido contactadas por la red entre 2021 y 2025.
Según el reporte oficial, durante esos cuatro años los miembros de la organización recibieron más de 2,5 millones de dólares enviados por personas que creían estar pagando tarifas migratorias legítimas para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos.
En cuanto a los ya judicializados por autoridades federales del Estado de Florida, se han imputado cargos a seis integrantes clave de la organización: Edwin Alberto Correa, quien supervisó ocho oficinas de centros de llamadas en Medellín; Andrés Giraldo, responsable de crear los sitios web fraudulentos; Dana Pamela Porras, quien administró un centro de llamadas y apoyó la operación de otros; Esteban Robledo, que inició como intermediario financiero en EE.UU. y luego ayudó a administrar call centers en Medellín; Julián Giraldo, coordinador de intermediarios para mover el dinero; y Viviana Urrego, señalada de gestionar el envío de los recursos ilícitos hacia Colombia.
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