En un concepto emitido por la Procuraduría y firmado por Fernando Carrillo, se asegura que el Gobierno no tiene la razón al oponerse a la eliminación del cobro en la reconexión de servicios públicos.
Según la Procuraduría, la norma objetada no modifica los costos de los servicios públicos sino los de un servicio administrativo.
Además, se señala que la reconexión es un derecho, incluso cuando se ha generado una mora en los pagos.
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