Los magistrados de la Corte, deberán definir la constitucionalidad del decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno nacional tras la escalada violenta en la región del Catatumbo a inicios de este año.
El alto tribunal sigue recibiendo intervenciones a favor y en contra de la conmoción interior, en este caso fue la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), quien le pidió a la Corte Constitucional que dejen firme la declaratoria, pero de una manera condicionada.
Lo que argumentan es que se debe primar la protección de la población civil y que cualquier decreto legislativo que se expide en el desarrollo de la conmoción debe estar estrictamente dirigida a la mitigación de la crisis humanitaria, sin extenderse a medidas estructurales o de largo plazo que desborden el Marco temporal del estado de excepción.
“Persiste inquietud sobre la compatibilidad de aquellas medidas anunciadas que tienen un carácter estructural y permanente que trasciende el marco propio de los estados de excepción, aunque el Decreto su expedición en la necesidad de responder de manera eficaz a la población afectada (…) En consecuencia, el desarrollo de los decretos legislativos deberá enfocarse únicamente en garantizar la seguridad de la población civil, la provisión de albergues y ayuda humanitaria, la restitución de derechos fundamentales vulnerados y la coordinación interinstitucional para la atención de emergencias”, señaló Coljuristas en su petición.
Incluso le piden a la Corte declarar inconstitucional cualquier disposición que implique la militarización permanente y sin controles claros dentro del Catatumbo, y que el alto tribunal debe impedir que el decreto y sus normas conviertan a la región en un escenario intervención militar permanente, ya que ello pondría el riesgo el respeto por los derechos fundamentales de la población civil.
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