El Gobierno nacional, a través de la Consejería Comisionada de Paz, se pronunció este 5 de septiembre sobre los hechos de violencia ocurridos en Villagarzón, Putumayo, donde integrantes del Ejército fueron atacados mientras adelantaban operaciones de destrucción de laboratorios de coca.
El comunicado llega dos días después del atentado, lo que ha generado cuestionamientos sobre la tardanza en la reacción oficial.
El consejero de paz Otty Patiño condenó los ataques y los calificó como crímenes atroces que atentan contra los esfuerzos de reconciliación en los territorios.
Sin embargo, el documento no reconoce las denuncias sobre la posible instrumentalización de la comunidad rural en medio del ataque, limitándose a rechazar de manera general las expresiones que responsabilizan a la población de Villagarzón. Esta omisión ha abierto un vacío frente a las versiones locales que señalan la presión de grupos armados sobre campesinos.
En su mensaje, Patiño instó a las autoridades judiciales a identificar responsables individuales y advirtió que los hechos no deben atribuirse de forma vaga a comunidades enteras.
También resaltó la reacción rápida de la Delegación de Paz y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aunque sin precisar acciones concretas que fortalezcan la seguridad en la zona.
Finalmente, el Gobierno reiteró su compromiso con la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro y pidió a los actores armados que han optado por el diálogo rechazar de manera clara estos actos violentos. A pesar de ello, la demora en el pronunciamiento y la falta de un reconocimiento expreso sobre la instrumentalización de la población plantean dudas sobre el alcance real de la respuesta oficial frente a la complejidad del conflicto en Putumayo.
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