Consejo de Estado critica decreto que le quita exclusividad para revisar tutelas contra Petro
El presidente del Consejo de Estado expresó que la corporación no puede aceptar las justificaciones que se mencionan en el decreto.
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Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, manifestó su preocupación por el decreto que le quita a esa corte la competencia exclusiva para revisar tutelas contra el presidente Gustavo Petro. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, el magistrado se refirió al alcance y a las implicaciones de esta medida tomada por el Ejecutivo.
“El presidente de la República tiene una potestad que se denomina la potestad reglamentaria de las leyes. En este caso, el decreto 2591 de 1991, que reguló la tutela, es un decreto de jerarquía legal, así se ha interpretado como de carácter estatutario”, explicó Álvarez, al señalar que gobiernos anteriores también han expedido decretos reglamentarios en desarrollo de esa norma.
El magistrado aseguró que la nueva medida “es el desarrollo de una potestad que tiene el presidente en el artículo 189, numeral 11, que le permite reglamentar las leyes”. No obstante, fue enfático en que el Consejo de Estado no reclama ni rechaza competencias, sino que ha cumplido su rol de “garantizar que las actuaciones de las autoridades estén ceñidas al imperio de la Constitución y la ley”.
Sin embargo, Álvarez advirtió que, al analizar el decreto expedido el pasado 9 de julio, le genera “preocupación”. En su opinión, esta norma no fortalece el diálogo institucional entre las altas cortes y el Ejecutivo: “No contribuye a fortalecer los lazos de entendimiento entre el Ejecutivo y las altas cortes”, recalcó.
Además, cuestionó que el decreto no parezca orientado a acercar la justicia contenciosa a la ciudadanía ni a resolver los problemas estructurales del sistema. “No es una medida dirigida a aproximar la justicia contenciosa a la ciudadanía y tampoco está interesada en combatir la congestión judicial”, afirmó.
Finalmente, el presidente del Consejo de Estado expresó que la corporación no puede aceptar las justificaciones que se mencionan en el decreto. “El Consejo de Estado no puede aceptar esas invocaciones que se hacen”, concluyó.
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