Contraloría denuncia presuntos recobros ilegales al sistema de salud en Córdoba

La Contraloría General de la República encontró un posible detrimento patrimonial por $5.264 millones en el departamento de Córdoba, en el momento en el que la Gobernación pagó componentes del POS que no les correspondían. El organismo de control se refiere a terapias dirigidas a niños e condición de discapacidad que en varias ocasiones no se realizaron pero que de todas formas fueron pagadas, en una modalidad que las incluyó en varios paquetes médicos, evitando la facturación individual. Se ordenaba el pago de 100 tratamientos cuando solo se realizaban 50. Según la Contraloría, el entonces secretario de Salud Departamental, Edwin Preciado Lorduy, acordó pagar estas tarifas en un “acta” de dos páginas que suscribió con la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, Tania Otero Arroyo, documento que para el organismo de control podría no tener ningún valor legal, pues se obviaron los requisitos de ley, como son estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el correspondiente contrato. Otra IPS involucrada, Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S., entregó soportes para tres meses de 2015 que indican que una sola terapeuta atendió 178 pacientes cada uno de los correspondientes días hábiles, en dos municipios (Planeta Rica y Montelíbano), siendo prácticamente imposible atender este número en ambas poblaciones los mismos días. Como en el caso de los presuntos pacientes hemofílicos, no medió ninguna EPS como tratante de los pacientes y recobrante. Las IPS involucradas gestionaron los recobros directamente con la Gobernación, sin que, en los casos distintos de fallos de tutela, se evidenciara ninguna autorización del llamado Comité Técnico Científico de la EPS y sin verificar la adecuada prestación del servicio médico. Este es el informe completo de la Contraloría: La Contraloría General de la República descubrió otro caso de millonarios recobros al sistema de salud en el departamento de Córdoba: esta vez las posibles irregularidades tienen que ver con el pago por terapias para niños con retraso mental moderado y profundo, así como con parálisis cerebral espástica y Síndrome de Down. Según el órgano de control, se encontró que la Gobernación de Córdoba pagó más de $10 mil millones de pesos por terapias que tenían un componente por fuera del POS (“basadas en neurodesarrollo”), que no se cancelaron individualmente, como corresponde, sino por paquetes de mínimo 50 y hasta 100 tratamientos, donde al cumplir 50 se hacía el total de pagos, con lo cual se cancelaron también tratamientos que no se realizaron. Estos pagos por paquetes de terapias se acordaron incluso en documentos que no tienen ningún valor legal, como es el caso de un acta informal que suscribió el Secretario de Salud Departamental de la época, Edwin Preciado Lorduy, con la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, Tania Otero Arroyo, pactando las tarifas a pagar. Esta “acta” ocupa dos sencillas hojas, con un simple título “ACTA REALIZADA A LOS (30) DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (2015)”, y lleva las firmas de quienes la suscriben, pero en el documento no aparece ninguna identificación de la papelería oficial de la Gobernación ni de la misma IPS. Sin embargo, el “acta” sirvió a la Gobernación de soporte para proceder a estos pagos, sin que existieran estudios previos, una propuesta formal de la IPS y el correspondiente contrato, que son los requisitos legales que se exigen en estos casos. La Contraloría General de la República considera que este documento no hace las veces de estudio previo, propuesta o contrato y no la tuvo en cuenta durante la auditoría, “toda vez que no era el mecanismo objetivo para establecer el valor de las terapias”. Los pagos a la IPS Funtierra En el caso de Funtierra Rehabilitación IPS Ltda, solamente por realizar tratamientos a niños enfermos, practicando 50 de 100 terapias ordenadas, recibió pagos por $1.345 millones. Se facturaron terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, y de integración sensoriomotriz, basadas en neurodesarrollo, y terapia miofuncional. Adicionalmente, esta IPS recibió pagos por $6.225 millones por la totalidad de terapias ordenadas por acciones de tutela, realizadas entre octubre y septiembre de 2015, donde el valor incluido en el POS pasaba de los $1.900 millones. Detrimento de $5.264 millones por reconocer el componente POS Los tratamientos ordenados consisten en terapias que tienen un componente adicional, que es del neurodesarrollo o neurorehabilitación en cada caso. Siendo así, el tratamiento de base (terapia) se encuentra incluido en el POS y la Gobernación sólo debía reconocer el valor correspondiente a la tecnología diferente (neurodesarrollo). Sin embargó, realizó el pago por ambos conceptos y no adelantó ninguna gestión para que las EPS correspondientes adelantaran la compensación. De esta manera, la Gobernación habría dejado de cobrar a las EPS a las que se encuentran afiliados los pacientes, más de $5.264 millones, suma que la CGR estima es la cuantía total del presunto detrimento patrimonial causado por la ineficiente gestión de la Gobernación de Córdoba. En este caso, como en el de los presuntos pacientes hemofílicos (http://goo.gl/rmEGMi ), no medió ninguna EPS como tratante de los pacientes y recobrante. Las IPS involucradas gestionaron los recobros directamente con la Gobernación, sin que, en los casos distintos de fallos de tutela, se evidenciara ninguna autorización del llamado Comité Técnico Científico de la EPS y sin verificar la adecuada prestación del servicio médico. Las IPS beneficiarias de estos pagos, por un total de $10.160 millones, durante 2015, fueron: Funtierra Rehabilitación IPS Ltda; Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud IPS S.A.S; Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS S.A.S., y Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S. En el caso de esta última IPS, Crecer y Sonreir Unidad Integral de Rehabilitación S.A.S., la Contraloría encontró un hecho verdaderamente curioso: según las facturas que entregó como soporte para los pagos correspondientes a junio de 2015, a un total de 178 pacientes les realizó la terapia física la misma fisioterapeuta, las cuales fueron realizadas en todos los días hábiles de este mes, en los municipios de Planeta Rica y Montelíbano, distantes un poco más 60 kilómetros y unos 40 minutos en tiempo. Lo mismo sucedió para los meses de julio y agosto. Si bien los niños atendidos viven en estos dos municipios, la Contraloría evidenció que el lugar de trabajo de esta profesional es el municipio de Montelíbano y es prácticamente imposible atender esa cantidad de pacientes en ambas ciudades, los mismos días. También resulta llamativo que la recomendación del Neurólogo Infantil de esta IPS para efectuar 100 terapias se hubiera hecho, para todos los pacientes, el mismo día. Ineficiente gestión de la Secretaría de Salud La conclusión de este informe de auditoría realizado por la CGR es que la Secretaría de Salud Departamental no ejerció oportunamente la gestión pertinente para defender el patrimonio público, teniendo en cuenta que no existe razón alguna para que hubiera asumido el costo de la totalidad de las terapias, cuando lo único que debió pagar era el excedente del valor no incluido en el POS. Así, considera la Contraloría, es claro que esta dependencia de la Gobernación de Córdoba no aplicó los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios No POS de afiliados al Régimen Subsidiado, como tampoco implementó los controles necesarios para detectar deficiencias y cobros inconsistentes o improcedentes, que permitieran garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para el Sector Salud-Población Pobre No Asegurada (PPNA). 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