Contraloría detectó hallazgos fiscales por más de $70.000 millones en el fondo Todos Somos Pazcífico
La Contraloría encontró 21 hallazgos fiscales en donde se registraron gastos excesivos en proyectos de agua y saneamiento en Tumaco y Guapi e irregularidades en obras de conectividad.
La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la gestión del Fondo Todos Somos Pazcífico, que entró en vigencia desde 2019 hasta 2024, tras encontrar hallazgos fiscales que superan los 70.000 millones de pesos. De acuerdo con la delegada para Población Focalizada, las auditorías evidenciaron gastos excesivos y fallas administrativas que comprometen la correcta ejecución de los recursos destinados al desarrollo de esta región.
En total, fueron identificados 21 hallazgos fiscales. Una de las situaciones más preocupantes corresponde al gasto excesivo de la administración, que asciende a 20.530 millones de pesos dentro de un proyecto cuyo propósito era mejorar la cobertura y la calidad del servicio de agua y saneamiento básico en municipios como Tumaco y Guapi. Según el informe, se reflejó una deficiencia en la ejecución de la inversión, lo que habría afectado directamente el avance y los resultados esperados en estas comunidades.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA
La Contraloría también reportó fallas significativas en los gastos administrativos relacionados con la conectividad de la región. Estos se derivan de irregularidades en la ejecución de obras como muelles, malecones y señalización, proyectos esenciales para el transporte y el desarrollo económico del Pacífico. La entidad concluyó que estos manejos deficientes generaron un detrimento al patrimonio del Estado por 9.840 millones de pesos para el 31 de diciembre de 2024.
Otro de los hallazgos más relevantes se relaciona con un contrato para la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica dirigidos a comunidades en Bojayá, Chocó. En este caso, el ente de control identificó un detrimento adicional por 13.972 millones de pesos, tras evidenciar inconsistencias en la ejecución y cumplimiento del contrato. Este contrato fue suscrito en el año 2021 para aportar a la energización rural; sin embargo, pasados los cuatro años “no se ejecutó a cabalidad”.
Estas cifras plantean un panorama preocupante sobre el manejo de los recursos destinados al desarrollo de una de las regiones con mayores necesidades del país y abren la puerta a posibles procesos de responsabilidad fiscal y sanciones para los responsables de la administración del fondo, debido a que la Contraloría identificó fallas en etapas de planeación que llevaron a fallas en la fijación del valor de los contratos, se realizaron pagos sin recibir contraprestación, vencimientos de plazos contractuales sin ejecución al 100 % y gastos desproporcionados.
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