Corte Constitucional se pronunciará sobre decreto de la consulta popular

La Corte Constitucional envió un requerimiento al presidente y al secretario general del Senado de la República para que remitan las pruebas que están pendientes en el marco de la revisión del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual se convoca a una consulta popular nacional, aunque fue derogado por el Gobierno tras la aprobación de la reforma laboral.El alto tribunal señaló que aún no se ha cumplido con la totalidad de las pruebas decretadas en el auto del 20 de junio, especialmente aquellas relacionadas con la actuación del Senado durante el trámite del concepto previo exigido por la ley para este tipo de decretos.La solicitud fue formulada por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien recordó que el plazo para atender la orden judicial es de cinco días hábiles desde la recepción de la comunicación oficial.Durante la fase probatoria, varias dependencias del Consejo de Estado informaron a la Corte que, hasta el momento, no cursan demandas contra el Decreto 0639 en algunas de sus secciones.No obstante, la Sección Quinta de la misma corporación reportó la existencia de 60 demandas de nulidad sobre este asunto, y la Sección Primera indicó que hay al menos 28 procesos similares, muchos de ellos trasladados por competencia.¿Qué le pidió la Corte al Senado?En desarrollo del proceso, la Corte ordenó al Senado de la República enviar toda la documentación relacionada con la solicitud del Gobierno para convocar la consulta, incluyendo actas, grabaciones y la justificación presentada.Además, le pidió al Consejo de Estado un reporte actualizado semanalmente de los procesos judiciales que involucran el Decreto 0639.Asimismo, se decretó la apertura formal del expediente a intervención ciudadana y se convocó a expertos, universidades e instituciones jurídicas para emitir conceptos técnicos que orienten la decisión final del tribunal.Así las cosas, la Corte continúa consolidando el expediente que le permitirá hacer un pronunciamiento que será clave para determinar la viabilidad jurídica de la convocatoria.