El alto tribunal instó al Ministerio de Educación y a las autoridades locales a reforzar el acompañamiento y la implementación de criterios diferenciales para la asignación de docentes en zonas rurales, con el fin de asegurar la continuidad del servicio educativo.
El pronunciamiento surgió tras el análisis de una tutela presentada por un grupo de padres de familia del Centro Educativo Corazones Abajo, quienes denunciaron la ausencia de un docente por no cumplir con el número mínimo de estudiantes.
Aunque el caso fue declarado como hecho superado al haberse asignado finalmente un docente, la Corte aprovechó la oportunidad para recordar la responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación.
La Corte Constitucional es concreta en señalar que la educación es un derecho fundamental y un servicio público que debe prestarse sin discriminación, especialmente en contextos rurales afectados por el conflicto armado.
También llamó la atención sobre las barreras geográficas, sociales y económicas que enfrentan estos territorios, lo que exige un enfoque diferenciado por parte del Estado.
En su decisión, la Corte advirtió que las políticas de cobertura mínima no deben aplicarse de forma rígida, ya que pueden afectar gravemente a niños y niñas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
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Por ello, pidió a las secretarías de educación y operadores del servicio garantizar una educación continua, adaptada al contexto y a las necesidades de cada comunidad.
Asimismo, se recomendó a los jueces tener en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad cuando evalúen casos similares, en especial en zonas rurales y de conflicto, siguiendo la línea jurisprudencial de protección reforzada del derecho a la educación para la niñez.
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