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Corte Constitucional suspende fumigación con glifosato hasta que haya consulta con comunidades

Así lo estableció el alto tribunal al conceder una tutela a los habitantes de 14 departamentos del país.

Aspersión con Glifosato.jpeg
Aspersión con Glifosato
Foto: AFP

La Corte Constitucional frenó la fumigación con glifosato en el país hasta que se haga una efectiva consulta previa con las comunidades eventualmente afectadas con las aspersiones. La decisión confirma una sentencia adoptada el 10 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Nariño.

“El problema evidenciado es replicable en cada uno de los municipios que integran los núcleos de operación definidos para el Programa de erradicación con glifosato. Por tanto, la Sala estima que la semipresencialidad, limitada por la pandemia, no es sinónimo de garantía de la participación ambiental, especialmente en el componente deliberativo”, aseguró la Corte.

La máximo autoridad además concedió el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental, a José Ilder Díaz Benavides, María Esperanza García Meza, Adolfo León López Zapata y Rosa María Mateus Parra y otros, en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la Policía Nacional y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

La Corte Constitucional también ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que, en el término de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, que puede ser prolongado hasta por seis meses más, adelanten un proceso de consulta previa con las comunidades étnicas que tienen presencia en cada uno los seis (6) núcleos de operación definidos para la modificación del Plan de fumigación, que abarcan un total de 104 municipios en 14 departamentos.

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Igualmente, ordenó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que en un plazo de 15 días después de notificarse la sentencia, adelante las gestiones necesarias para reprogramar las reuniones informativas y la audiencia pública ambiental en el marco de la modificación del Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación solicitado por la Policía Nacional y para ello ordenó a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo hacer seguimiento detallado de esta instrucción.

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