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En una audiencia reservada, la juez 131 Penal Municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad, mientras avanza el proceso judicial, a tres de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional. Los hechos investigados se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2024.
La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique Cabezas; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, adscrito a la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que, pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para el proceso, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Para el abogado Juan Felipe Criollo, defensa del coronel Rincón, tras la decisión del juzgado “se perdurará y se insistirá en la inocencia del coronel Rincón, y esto se llevará a las etapas ulteriores hasta demostrarlo en su totalidad”.
Durante el proceso, la Fiscalía, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, expuso los presuntos roles que habrían desempeñado los investigados en el proceso contractual. En el caso del coronel Rincón Ricaurte, señaló que, en su condición de gerente del proyecto, habría generado de manera irregular prórrogas para la presentación de cotizaciones, participado indebidamente en la etapa precontractual y certificado, sin soporte, que la empresa Vertol Systems Company contaba con la experiencia e idoneidad técnica requeridas, pese a que el comité evaluador había descartado a ese oferente. También se le atribuye haber intervenido para modificar los estudios financieros y avalar condiciones que impidieron verificar la real capacidad económica del contratista.
Respecto a Diego Alejandro Manrique Cabezas, la Fiscalía indicó que presuntamente intervino en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, además de modificar los requisitos financieros. Estas actuaciones, según el ente acusador, permitieron aprobar una propuesta sin que fuera posible establecer indicadores clave como liquidez, rentabilidad y capacidad organizacional, exigidos por la normativa vigente para este tipo de contratos.
En cuanto a Hugo Alejandro Mora, la investigación sostiene que, pese a conocer las irregularidades del proceso y el incumplimiento de los requisitos legales, habría suscrito el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, habría viabilizado la modificación de la forma de pago, autorizando un anticipo del 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de 16 millones de dólares, recursos que fueron consignados en una cuenta del contratista en Estados Unidos.
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