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El abogado Pablo Bustos Sánchez, presidente y fundador de la Red de Veedurías de Colombia, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro Urrego, a quien acusa de haber incurrido en el delito de violencia moral agravada contra servidor público y de encubrimiento, en relación con las declaraciones que hizo sobre la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, radicado este 12 de noviembre de 2025, Bustos pide que se adelante una investigación penal, disciplinaria y política “por indignidad y posibles faltas disciplinarias y hechos punibles” del jefe de Estado.
Según el denunciante, el presidente habría incurrido en una “afrenta abierta a la independencia judicial” al afirmar que el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ordenado por la magistrada Lombana, “no solo fue ilegal sino que constituyó un secuestro familiar”, a pesar de que no existe pronunciamiento judicial que así lo declare.
Bustos considera que tales afirmaciones constituyen “violencia moral” y “revictimización institucional”, especialmente por provenir del jefe del poder Ejecutivo hacia una integrante del poder Judicial.
“Se trata de un acto de abierto constreñimiento o violencia moral desde la cabeza de la rama ejecutiva contra la rama judicial. El pronunciamiento de Petro mina y socava los pilares mínimos del Estado de Derecho”, aseguró Bustos.
La denuncia también hace referencia a los insultos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, habría lanzado contra la magistrada Lombana tras el operativo judicial. En su cuenta de X, Benedetti calificó a la togada de “demente y delincuente”, expresiones que posteriormente repitió en entrevistas radiales.
“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, publicó Benedetti en su perfil de la red social en la mañana del pasado 11 de noviembre.
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Frente a estos hechos, el presidente no desautorizó las afirmaciones de su ministro, sino que, según Bustos, las respaldó y amplificó, incurriendo en un acto de encubrimiento y cohonestación de la ofensa.
El texto también cita el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, quien rechazó públicamente los ataques a la magistrada.
“La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, indicó Tejeiro.
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Por todo esto, Bustos pidió que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos y determine si las conductas descritas configuran los delitos de violencia contra servidor público y encubrimiento, en los términos del artículo 429 del Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1453 de 2011 y la Ley 2197 de 2022.
“Solicito se adelante el respectivo plan metodológico de investigación, se recauden los elementos materiales probatorios y se determine la responsabilidad penal, disciplinaria y política del presidente Gustavo Petro Urrego”, concluye el documento.
Con esta denuncia, la Red de Veedurías busca que se respete la independencia judicial y se sienten precedentes frente a los ataques verbales de altos funcionarios del Gobierno a magistrados de las altas cortes, en el marco del principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público.
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