Sin embargo, las alarmas están encendidas por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de Sandra Estacio Bermúdez, quien representa la coalición de los partidos Liberal, Conservador y Alianza Verde.
La Red de Veedurías de Colombia ha solicitado al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional que intervengan en el proceso, el cual se habría realizado sin la presentación del aval del Partido Liberal, como exige la Ley.
“El asunto parte porque el aval no fue presentado, según el análisis que le hemos hecho y las pruebas que hemos obtenido de la Registraduría de Tumaco, en el entendido que la resolución 3879 proferida por el secretario general del Partido Liberal no fue presentada al momento de la inscripción, que está referida en el formulario E6 de la Registraduría”, advirtió William Marmolejo de la Red de Veedurías.
Adicionalmente, la persona que inscribió a Estacio, según la denuncia, fue el ex representante a la Cámara Neftalí Correa, quien tiene una inhabilidad de 14 años.
Al respecto, Blu Radio conoció el audio de una llamada que habrían sostenido el ex alcalde de Tumaco, Guillermo Rodríguez y el concejal Otoniel Vergara, en el cual queda evidenciado que fue el ex congresista quien adelantó la inscripción. Esta es una de las pruebas que fue aportada por la Red de Veedurías en este proceso y que está a disposición de la Fiscalía General de la Nación:
“Así las cosas la Resolución 3879 del 9 de marzo de 2017 es absolutamente clara cuando en su artículo cuarto dispone que el inscriptor para la candidata Estacio Bermúdez le corresponde a un señor de nombre Desman Andrés Correa Díaz, hermano del ex representante a la Cámara Neftalí Correa Díaz, quien hoy goza de una sanción consistente en destitución e inhabilidad general de 14 años proferida por la Procuraduría General de la Nación desde el año anterior, por lo cual no puede bajo ninguna manera representar al Partido Liberal”, explicó Marmolejo.
El magistrado Emiliano Rivera, del Consejo Nacional Electoral, tiene en sus manos la solicitud para revocar la inscripción de Estacio, a 11 días de que se realice este proceso electoral que le cuesta al Estado colombiano 2.300 millones de pesos.