Impunidad en la justicia ordinaria y denuncias que fueron desestimadas al considerar que era una estrategia “de las organizaciones” para afectar al Ejército y las Fuerzas Militares, estas son algunas de las conclusiones del capítulo del informe final “Hasta la guerra tiene límites”, el cual habla de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia.
El DAS, la Policía y las Fuerzas Militares, así como el Gobierno, habrían facilitado la ejecución de violaciones a los derechos humanos, según el texto.
“Cuantitativamente, el Estado no es el principal responsable de ninguna de las violaciones estudiadas por el proyecto JEP- CEV-HRDAG, pero la mayor responsabilidad del Estado por parte de sus agentes de manera directa está en homicidios (12 %) y desaparición forzada”, dice el informe.
El apartado tiene una parte que describe la responsabilidad del Estado en estos hechos y se refiere a las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos por algunos miembros de la fuerza pública.
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Esto se habría dado debido a decisiones incorporadas en normatividades expedidas por medio de leyes, decretos, directivas ministeriales y directivas de la fuerza pública, que llevaron a que esto sucediera, al menos, desde 2003.
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“Desde 2003 se tenía conocimiento de casos y denuncias, pero esta práctica continuó en aumento. Ante la Comisión de la Verdad, Juan Manuel Santos reconoció que como exministro de Defensa omitió las denuncias por estos hechos”, se lee en el texto.
Explica que algunas de las políticas que había en las fuerzas militares como el “Body Count”, como una manera de medir el éxito, también llevaron a que estos hechos se presentaran, pues era un indicador en el que dependiendo de las bajas que se presentaban en combate era que se determinaba el éxito militar. Fueron al menos 6.402 casos de falsos positivos. Además, durante 2002 y 2008 se habrían aumentado las ejecuciones extrajudiciales, haciendo claridad el informe en que desde antes e incluso después de estos años se encuentran registros de casos.
Por último, el informe revela que las investigaciones en la justicia penal militar y en general en la justicia ordinaria no tuvieron grandes avances, algo que también habría ayudado a que esta situación se siguiera presentando.
“Lo anterior refleja cómo la impunidad se causó también por la ausencia de investigaciones efectivas tanto por parte de la Procuraduría como por parte de la Fiscalía y cómo ello se configuró en un factor de persistencia de estos hechos”, puntualizan.
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