La presencia de las
Farc, ahora convertidas en disidencias en
zona fronteriza con Colombia, no es algo nuevo para los ecuatorianos. Desde hace años se ha sabido de la presencia de esta organización en localidades como Mataje, sin embargo,
solo hasta ahora empiezan a sentirse los coletazos más fuertes.
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ONG ecuatoriana Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, solo en lo que va corrido de este año, es decir en poco más de cuatro meses, 7.500 personas han tenido que desplazarse de la frontera norte hacia otras poblaciones.
Para Gabriela Flórez, vocera de la ONG, e
stos desplazamientos se han producido, principalmente, tras el ataque terrorista a la estación de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero pasado. Después, han ocurrido muchas otras acciones violentas, incluido el secuestro y asesinato de tres ciudadanos, integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio, con lo cual el fenómeno de desplazamientos aumentó.
“Hay que reconocer que el
problema con la frontera colombiana ha venido desde hace muchas décadas, porque el conflicto armado colombiano ha afectado de forma directa e indirecta y eso ha generado problemas de desplazamiento, pero no de este nivel. El número nunca ha sido de este nivel, jamás habíamos tenido personas moviéndose por miles de un lugar a otro”, explicó Flórez.
Así mismo, la ONG señala que esas
comunidades han sido abandonadas por el Estado, pese a que ahora se esté militarizando la zona, después del secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio y el nuevo plagio de otros dos ciudadanos cuya situación se desconoce.
-Frontera norte: una zona olvidada
Reclutamiento, falta de servicios estatales como educación, salud y servicios públicos y hasta de agua potable son parte de la problemática que deben vivir día a día los ciudadanos que habitan en la región de la frontera norte.
Esa ausencia del Estado ha hecho que en muchos casos sean los actores armados, en este caso las disidencias de las Farc, quienes provean a la población atención en salud y hasta empleo en los
cultivos ilícitos de los cuales se lucra la guerrilla.
“Comienza la gente a volcarse hacia quienes están ofreciendo respuesta a sus necesidades. Lo que les ofrecen es, por ejemplo,
trabajar en los cultivos ilícitos, lo cual es una forma de sobrevivir, porque el Estado no les da otros medios”, indicó Flórez.
Las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que lo que se vive en el lugar es un problema muy grave que debe ser atendido para evitar que sean los grupos ilegales quienes se conviertan en Estado para miles de habitantes que deben decidir entre huir de la guerra o hacer parte de ella.