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Dosier de infiltración de disidencias de Farc, ELN y Clan del Golfo en protestas, según MinDefensa

El Gobierno le reveló al Congreso la estrategia de estos grupos que operan en los cascos urbanos.

Protesta en Colombia // Foto: AFP
Protesta en Colombia // Foto: AFP

En un documento enviado a la Cámara de Representantes en medio de debate de control político por las movilizaciones, el Ministerio de Defensa habló sobre la forma cómo operan estas estructuras criminales.

Señalaron que la policía ha identificado tres actores criminales que “activan su capacidad de incidencia delictiva en los centros urbanos, con ocasión del ejercicio del derecho fundamental a la manifestación pacífica”.

De acuerdo con el Ministerio, la estrategia del ELN está concentrada en generar campañas de desprestigio por los procedimientos de la Fuerza Pública y deslegitimar el Gobierno. Sus instrucciones serían generar una “crisis de gobernabilidad”.

El documento revela que estos grupos operan en 10 ciudades: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Neiva, Popayán, Barrancabermeja y Medellín.

La estrategia del ELN en estas ciudades está orientada en trabajos desde lo local para promover hechos de protesta y desorden en diferentes puntos que no permitan a la Policía Nacional tener un margen de cobertura total y con ello, afectar la capacidad de reacción y respuesta y apoyo
indica el documento.

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Según MinDefensa, el Clan del Golfo ejerce una estrategia similar generando planteamientos contra las instituciones en el marco de “una campaña seudo política” y difunde panfletos rechazando la actividad de las autoridades , esto con el fin de “visibilizar su estrategia y vigencia en los territorios”.

Según explicaron, los Gao residuales de disidencias de las Farc han reactivado procesos en las ciudades y tienen unas redes de apoyo en los núcleos urbanos, especialmente en Bogotá.

¿Cómo funcionaban o difunden sus operativos estas organizaciones?

El Ministerio de Defensa explicó que se despliegan con el apoyo del Partido Comunista Clandestino Colombiano o PC3 y el Movimiento Bolivariano, “cuyos canales de orientación son con estructuras que concentran su influencia en lo rural", es decir, disidencias que operan en Guaviare y Arauca.

En el documento, inclusive, señala que estos grupos armados organizados financian las actividades de influencia, propaganda y logística en medio de las manifestaciones.

Sobre esto, explicaron que se estableció la implementación de mesas de trabajo, creación de un grupo élite de investigaciones contra el terrorismo urbano y la movilización violenta y labores con la Fiscalía sobre el “fenómeno delictivo”.

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En el documento, el Ministerio del Interior señaló que desde el 21 de noviembre de 2019, se ha logrado identificar 668 actores criminales, los cuales han participado en hechos violentos durante el desarrollo de manifestaciones públicas. Asimismo, indicaron que no se ha logrado identificar actores criminales recurrentes en estas conductas.

También enfatizaron que entre el 7 de agosto de 2014 al 7 de agosto de 2020, se han realizado 14.338 eventos de protesta, entre ellos marchas, concentraciones, movilizaciones, paros, bloqueos, huelgas de hambre, entre otros. Desde el 7 de agosto del 2019 al 25 de octubre de este año, la cifra subió a 25.870.

Defensa de la escopeta calibre 12

En medio de la respuesta del Ministerio de Defensa al Congreso, también se cuestionó sobre el uso de la escopeta calibre 12, suspendida desde enero del año pasado por orden de la Corte Suprema.

El Ministerio señaló que, aunque no se está usando esa arma no letal “es una herramienta disuasiva en las intervenciones violentas”.

“Especialmente proyectadas para la incapacitación de personas teniendo como objetivo no causar fatalidades o lesiones permanentes y para neutralizar sospechosos, son causar daño al patrimonio y medio ambiente”.

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Finalmente, analizaron los costos de los bienes inmuebles y muebles de la Policía Nacional por los daños que generaron grupos vandálicos infiltrados en las movilizaciones. El Ministerio de Defensa señaló que son $816 millones en el parque automotor, $8.765 millones más en afectaciones a la infraestructura y $157 millones de destrozos a muebles.

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