El accidente del avión militar en Puerto Leguízamo no solo abrió interrogantes técnicos, También desató una fuerte tormenta política en el Congreso, donde ya se habla de alertas ignoradas, fallas estructurales y exigencias de investigación internacional.
La representante, Juana Carolina Londoño, puso sobre la mesa una cifra que encendió las alarmas: al menos 12 accidentes de aeronaves militares en los últimos 43 meses. Para la congresista, el hecho no es aislado, sino parte de una cadena de incidentes que viene siendo advertida desde 2024 en la Comisión Segunda de la Cámara.
La congresista cuestionó si las aeronaves están recibiendo el mantenimiento adecuado o si los recursos destinados a la seguridad aérea están siendo desviados hacia otros fines.
A estas advertencias se sumó la senadora María Fernanda Cabal. Exigió una investigación “rigurosa, transparente e independiente” y pidió respuestas inmediatas al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Además, propuso que el proceso de investigación no quede únicamente en manos nacionales y solicitó el acompañamiento de entidades internacionales como la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, con el fin de blindar la investigación y garantizar credibilidad.
Cabal insistió en que el país necesita saber si se trató de una falla técnica, un problema de mantenimiento o incluso una causa distinta. Advirtió que, si aparecen indicios de sabotaje, terrorismo u otra interferencia criminal, el caso deberá escalar al ámbito penal con apoyo internacional.
Pero, el senador Carlos Fernando Motoa, también reaccionó y apuntó a un problema de fondo: la capacidad real de la flota aérea del país. Según explicó, cerca del 50 % de las aeronaves estarían fuera de servicio, ya sea por mantenimiento o por obsolescencia. Y lo más preocupante, es que la flota disponible no alcanza para enfrentar los desafíos actuales del conflicto, como el uso de drones o las nuevas estrategias de combate.
“Es fundamental que el próximo gobierno comprenda que no se puede seguir aplazando la modernización de la flota aérea del país. Instituciones como la Fuerza Aérea requieren mayor inversión para enfrentar el crimen y acceder a nuevas tecnologías que permitan combatir eficazmente a los grupos violentos”, añadió el senador.
Motoa advirtió además que, desde 2022, Colombia enfrenta niveles de siniestralidad sin precedentes en las Fuerzas Militares y la Policía, donde las fallas técnicas se han vuelto recurrentes y están cobrando la vida de más uniformados.