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“El Gobierno sabía que Colbún se retiraría de la puja por Isagen desde el 28 de diciembre y ocultó esa información de manera deliberada” y añade que el gobierno, al definir la venta de Isagen, “decide que va a ser a través de una subasta y al no haber una puja porque haya un precio mayor por la venta de Isagen es evidente que mantener la subasta es una decisión que favorece a la única empresa, a Brookfield, que es la única que queda por la puja de Isagen, que pagará el precio mínimo de la empresa y no habrá una puja por el aumento de ese precio”.
Valencia añadió que en noviembre pasado Justicia Tributaria interpuso una nueva demanda “porque hay un hecho sobreviniente y es que el Gobierno ha reconocido de mil formas diferentes como una gran hazaña que los recursos de la venta de Isagen no van a ingresar al Presupuesto General de la Nación, lo que claramente viola la Constitución y viola la ley orgánica de presupuesto”. (Lea además: Uribismo se opone a venta de Isagen con un solo oferente).
Esta acción legal está aún vigente en el Consejo de Estado, explica, pero este mismo martes se interpondrá un memorial de impulso “esperando que en el día de hoy decreten medidas cautelares por esa demanda que todavía está en curso”.
“El camino legal para la venta de Isagen no está despejado, como el Gobierno fraudulenta ha venido diciendo al país”, afirmó.
Pese a las críticas y la marcha de Colbún, continúa programada para el miércoles la subasta a 4.130 pesos (unos 1,23 dólares) por acción de Isagen.
Isagen tiene siete centrales de generación de energía, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, con una capacidad instalada de producción de 3.032 MW, que aportan el 16 % de la energía que el país necesita.
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