Cesión del bloque Sinú-9 sigue en pie: niegan tutela que pedía suspenderla

El juzgado 20 de ejecución de penas de Bogotá negó la acción de tutela presentada contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, por el proceso de cesión del bloque Sinú-9, al considerar que era improcedente, que no vulneró los derechos fundamentales y que la entidad actuó conforme a la ley en todas las etapas del trámite contractual.Con esto, queda en firme dicha cesión a la estatal francesa Maurel & Prom, una compañía que, según la ANH, cuenta con amplia trayectoria y solidez financiera en el sector energético internacional.El fallo respalda la actuación de la ANH y deja claro que cualquier controversia adicional deberá tramitarse por las vías administrativas o judiciales ordinarias, marcando así el camino que sigue el proceso fuera del ámbito constitucional.La tutela fue interpuesta por Felipe Jesús Pimienta Barrios, representante legal de FG Oil & Gas Inc., quien alegó presuntas afectaciones al debido proceso y de petición y cuestionando la cesión del contrato de exploración y producción del bloque Sinú-9, porque, según él, se había adelantado con irregularidades y, por ello, debía suspenderse.Sin embargo, el juez señaló que la ANH respondió oportunamente todos los derechos de petición presentados, cumplió con las competencias que le asigna la normativa del sector de hidrocarburos y no encontró irregularidades.El fallo además reiteró que la acción de tutela no puede utilizarse para sustituir los mecanismos ordinarios o reabrir etapas ya concluidas, pues esta misma pretensión ya había sido archivada el año pasado.En medio de esto, Orlando Velandia Sepúlveda, saliente presidente de la Agencia, negó que su renuncia a la dirección del cargo esté relacionada el proceso de cesión del Bloque Sinú-9 y que esta responde únicamente a las dinámicas propias del Gobierno nacional.Velandia insistió en que la cesión de Sinú-9 se adelantó con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y que el proceso no ha recibido reproches judiciales ni observaciones de los organismos de control ni del Gobierno, pues la evaluación jurídica, técnica y económica de la cesión tomó cerca de nueve meses, periodo durante el cual se atendieron todas las solicitudes de la ciudadanía y de los interesados.