La Defensoría del Pueblo advirtió que el Estado “tiene la obligación ineludible de prevenir riesgos y reducir las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población frente a amenazas previsibles y recurrentes”, ante los posibles efectos de la llegada del fenómeno de El Niño en el país.
Según la entidad, Colombia es vulnerable a los impactos de la variabilidad y el cambio climático, al punto que cerca del 85 % de los eventos que generan desastres en el territorio nacional están asociados a factores climáticos.
“Lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible. Y dado que los hechos críticos se producen no solo porque la población está expuesta a esos eventos, sino por las condiciones de vulnerabilidad acumuladas históricamente, no es para nada apropiado culpar a las lluvias, al clima, al cambio climático y a la naturaleza de las afectaciones asociadas a los desastres”, señaló la entidad.
La Defensoría indicó además que existen herramientas técnicas y científicas que permiten anticipar escenarios peligrosos asociados a este fenómeno climático, por lo que insistió en que la ausencia de acciones oportunas para prevenir y mitigar riesgos constituye una grave vulneración de derechos fundamentales.
Asimismo, advirtió que los efectos del fenómeno podrían agravar problemáticas estructurales como el riesgo de una crisis energética derivada de la disminución en los niveles de los embalses. Además, indicó que podría impactar sectores como la agricultura y la ganadería, comprometiendo la seguridad alimentaria.
“Estos escenarios no son inesperados; por el contrario, son ampliamente estudiados y permiten anticipar riesgos, activar la preparación institucional y adoptar medidas eficaces para proteger a las comunidades”.
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En ese sentido, la Defensoría insistió en que la gestión del riesgo no puede limitarse a una respuesta reactiva frente a las emergencias, sino que debe ser una obligación permanente del Estado.
“La gestión del riesgo es la manera idónea de evitar que el riesgo se convierta en desastre o, por lo menos, de reducir su impacto”.
Por ello, pidió reforzar la planificación, la coordinación interinstitucional y las medidas preventivas para garantizar derechos fundamentales como la vida, la salud, el acceso al agua y los servicios esenciales.
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