Abelardo de la Espriella denunció falta de garantías electorales ante la Defensoría del Pueblo

El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, presentó una denuncia y contrapropuesta ante la Defensoría del Pueblo, en la que advierte que Colombia enfrenta un "riesgo real, estructural y progresivo de deterioro democrático". De la Espriella se dirigió a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a través de una carta en la que afirma que, en las actuales condiciones, no existen garantías suficientes para un proceso electoral libre y en paz.En el documento, el candidato sostiene que la oposición "no compite hoy en igualdad de condiciones". Su denuncia se centra en el presunto uso político de los medios públicos, la intervención política de altos funcionarios y la estigmatización de la oposición al Gobierno Petro. Según la carta, los medios del Estado estarían siendo utilizados para "atacar sistemáticamente a sectores opositores" y para "promover narrativas favorables al Gobierno como si fueran información institucional".Otro de los ejes centrales de la denuncia es la violencia política. El candidato cita cifras de la Misión de Observación Electoral, según las cuales en 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, y un aumento del 22 % en hechos de violencia letal frente a 2021. El documento advierte que esta situación estaría afectando directamente la participación política y la campaña electoral en varias regiones del país.El texto también señala el fracaso de la política del Gobierno de Gustavo Petro, la Paz Total, por la presencia y el control de grupos armados ilegales en amplias zonas del territorio nacional, donde estas estructuras estarían teniendo capacidad de intimidar votantes, condicionar campañas y alterar resultados electorales. "No puede hablarse de elecciones libres y democráticas cuando quienes aspiran a representar a la ciudadanía deben vivir bajo miedo constante", señaló Abelardo de la Espriella.Como parte de su contrapropuesta, el candidato y su movimiento, el Movimiento Defensores de la Patria, piden que cualquier acuerdo por las garantías electorales incluya compromisos verificables del Gobierno, entre ellos, cero uso político de medios públicos; la prohibición de participación política del presidente y altos funcionarios; sanciones por uso indebido de recursos públicos; protección reforzada para candidatos en riesgo; recuperación del control territorial, y veeduría independiente del proceso electoral.