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Cepeda reitera posición tras audios de disidentes a su favor: "Condeno cualquier presión al elector"

El candidato aseguró que ni su campaña ni las fuerzas que lo respaldan aceptan presiones armadas sobre el electorado

Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro rechazó los audios atribuidos a integrantes de las disidencias de las Farc en los que se menciona su eventual llegada a la Presidencia como una oportunidad para fortalecer el control armado sobre comunidades campesinas en el departamento del Guaviare.

La polémica surgió tras la difusión de varias grabaciones que circulan en chats comunitarios de zonas rurales del Guaviare y que son atribuidas a Rogelio Benavides, supuesto integrante de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’. En los audios, el hombre amenaza a líderes comunales y campesinos con multas, expulsiones y mecanismos de control territorial, mientras hace referencias directas a Cepeda y a las elecciones presidenciales de 2026.

Frente a esta situación, Cepeda publicó un mensaje en su cuenta de X en el que condenó cualquier intento de presión armada sobre los votantes y pidió investigaciones contra los responsables.

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones”, afirmó el dirigente político.

Iván Cepeda denuncia presiones de grupos armados

Audios generan temor entre comunidades rurales

Uno de los apartes que más preocupa a las autoridades es una frase en la que el presunto integrante de las disidencias asegura: “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

En otra grabación, el hombre insiste en la misma idea y sostiene que una eventual victoria del candidato les daría “más posibilidades” para ejercer presión sobre la población campesina. Las autoridades consideran especialmente delicadas estas declaraciones debido al contexto de violencia y control armado que históricamente han vivido varias zonas del Guaviare.

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Los audios también revelan presuntos mecanismos de intimidación y control comunitario. Según las grabaciones, las estructuras ilegales estarían promoviendo procesos de carnetización obligatoria y cobros económicos a quienes no cumplan las órdenes impuestas por el grupo armado.

“El que no tenga el carnet paga 150 o 100 mil pesos, o si no se va del territorio”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos entre habitantes rurales. Asimismo, el hombre lanza amenazas directas contra presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de las veredas. “Los voy a apretar, y como debe ser, con multas bien altas, así me les toque vender las gallinas”, afirma en otro de los apartes.

Autoridades investigan presiones armadas en época electoral

Las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia adelantan investigaciones para determinar el origen exacto de los audios y el alcance de las amenazas contra las comunidades del Guaviare. La situación coincide con alertas recientes emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales para influir en el comportamiento electoral en regiones como Cartagena del Chairá, Caquetá. Según la entidad, hombres vinculados a estructuras de las disidencias estarían promoviendo intimidaciones y restricciones políticas en plena campaña presidencial.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que la entidad recibió información verificada en terreno sobre posibles amenazas e intimidaciones a votantes en el sur del país.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre un deterioro del panorama de seguridad electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En su más reciente informe, la organización alertó sobre presiones de grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y las AGC para influir en el sentido del voto en distintas regiones del país.

La MOE señaló que entre las prácticas denunciadas aparecen reuniones obligatorias, carnetización de pobladores, restricciones de movilidad y vetos a determinados candidatos, situaciones que generan preocupación por las garantías democráticas durante la campaña electoral.

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