A menos de dos días de que los colombianos acudan a las urnas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno nacional mantiene activado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones en el país. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario afirmó que, pese a las denuncias y hechos de violencia registrados en algunas regiones, el Estado ha desplegado recursos humanos y operativos suficientes para proteger el proceso democrático.
“En todas las elecciones ha habido problemas de orden público, pero el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para que los ciudadanos puedan votar con garantías”, afirmó Benedetti durante el diálogo radial.
Plan Democracia: despliegue de seguridad en todo el país
El ministro explicó que desde hace cerca de un año el Gobierno trabaja en coordinación con el Ministerio de Defensa en la implementación del denominado Plan Democracia, una estrategia que busca proteger a candidatos, campañas y votantes durante el proceso electoral.
Según Benedetti, una de las medidas clave fue la creación del CORPES, un mecanismo de seguimiento electoral que permitió brindar protección incluso a precandidatos antes de su inscripción oficial.
“Esta es la primera vez que se asegura a los candidatos desde siete meses antes de que sean oficialmente candidatos”, señaló el ministro.
De acuerdo con las cifras entregadas por el funcionario:
- Se han realizado 12 CORPES para candidatos presidenciales, con 64 aspirantes protegidos.
- Se llevaron a cabo 20 operativos para candidatos al Congreso, que cubren cerca de 400 aspirantes.
- También se realizaron 10 operativos para 91 candidatos en otros procesos electorales.
Además, el Gobierno ha acompañado cerca de 4.000 eventos de campaña en territorio, para lo cual se han desplegado 50.000 miembros de la fuerza pública encargados de garantizar la seguridad durante actividades políticas.
Regiones con mayores riesgos de orden público
Durante la entrevista, Benedetti reconoció que existen zonas del país donde históricamente se han presentado problemas de seguridad, especialmente en regiones afectadas por economías ilegales relacionadas con el narcotráfico.
El ministro identificó cuatro áreas críticas donde se concentran los mayores desafíos:
- Norte de Santander
- Cauca (especialmente López de Micay)
- Nariño y Valle del Cauca
- Chocó y el sur de Bolívar, hacia el Magdalena Medio
Según explicó, estos territorios han enfrentado conflictos durante décadas debido a la presencia de cultivos de hoja de coca y grupos armados. “Ese es nuestro gran problema, que no es de ahora sino que siempre lo hemos tenido, particularmente en zonas donde se produce coca”, indicó.
De acuerdo con los análisis de la Policía Nacional, que cruzan 39 variables de riesgo, existen 108 municipios con posibles amenazas al proceso electoral, cifra que representa cerca del 13 % del territorio nacional.
Fuerza pública y seguridad en los puestos de votación
Frente a las preocupaciones expresadas por autoridades regionales y organizaciones de observación electoral, Benedetti aseguró que el Estado desplegará un robusto dispositivo de seguridad el día de las votaciones.
El Gobierno anunció que en los 13.393 puestos de votación del país estarán presentes:
- 120.000 policías capacitados en temas electorales
- 146.000 integrantes del Ejército
En total, 246.000 miembros de la fuerza pública custodiarán las elecciones. “Esa es una garantía de que el Estado está presente y que el Gobierno nacional está enfrentando la situación”, afirmó el ministro.
No obstante, Benedetti lamentó los recientes ataques contra la fuerza pública, entre ellos la muerte de tres soldados en operativos recientes, hechos que calificó como un sacrificio en defensa de la democracia. “Es un dolor para la patria que tres hombres de la fuerza pública tengan que morir tratando de que otros colombianos puedan votar”, expresó.
Denuncias de constreñimiento electoral
Durante la entrevista también se abordaron las denuncias sobre presiones de grupos armados ilegales para influir en el voto, particularmente en departamentos como Caquetá.
Sobre este tema, el ministro indicó que el Gobierno ha coordinado acciones con el Ministerio de Defensa para contrarrestar estas situaciones mediante operativos militares e inteligencia en terreno. Asimismo, explicó que fenómenos como la trashumancia electoral o trasteo de votos no solo involucran a grupos armados, sino que también han sido prácticas históricas de algunas estructuras políticas en el país.
La trashumancia ha sido un problema constitucional en nuestro país, no solamente desde grupos armados sino también desde algunas casas políticas
afirmó.
Debate por los mapas de riesgo electoral
Otro punto de discusión ha sido el número de municipios en riesgo reportados por diferentes entidades. Mientras la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han señalado cifras superiores a los 180 municipios, el Gobierno maneja un cálculo menor basado en datos de la Policía.
Benedetti explicó que las diferencias se deben a la metodología utilizada para medir el riesgo. “En algunos estudios, si ocurre un hecho en una vereda, se termina clasificando todo el municipio como zona de riesgo”, explicó el ministro, quien aclaró que esto puede ampliar significativamente los mapas de alerta.
Sin embargo, subrayó que el Gobierno no pretende desestimar los informes de estas organizaciones. “No se trata de demeritar su trabajo, sino de entender que las variables pueden producir resultados distintos”, puntualizó.
Impugnación de mesas y transparencia electoral
Finalmente, Benedetti se refirió a la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de impugnar mesas electorales si se detectan irregularidades. El ministro explicó que el llamado del mandatario se basa en antecedentes electorales, como los votos que se recuperaron en procesos anteriores gracias a reclamaciones presentadas por testigos electorales.
“Si usted no impugna, no puede reabrir ni volver a contar los votos”, señaló Benedetti, al recordar casos como la revisión de resultados en elecciones legislativas pasadas.
No obstante, aclaró que no existe una instrucción general para impugnar todas las mesas, sino que se trata de un mecanismo legal que los testigos pueden usar cuando detecten inconsistencias. “Entre más se revisen las mesas cuando haya irregularidades, mucho más nítidas y transparentes serán las elecciones”, concluyó.