Gobierno expide decreto con restricciones para las elecciones del 8 de marzo
La medida ordena que las reuniones políticas solo se realicen en recintos cerrados entre el lunes 2 y el lunes 9 de marzo.
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A nueve días de la primera jornada electoral de 2026, en la que se elegirán los miembros del Congreso de la República, el Gobierno expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público durante el proceso electoral. El decreto también cobija la jornada del 31 de mayo, correspondiente a la primera vuelta de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Entre las medidas más importantes se encuentra el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos, que regirá desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026. La única excepción será para los casos de fuerza mayor o emergencia.
De igual forma, el Gobierno reiteró la medida de ley seca. El decreto establece que los alcaldes deberán restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo de 2026 hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de preservar el orden público.
Durante los días de las elecciones también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política, entrevistas de promoción, manifestaciones públicas, publicación de encuestas o apoyo a movimientos políticos en los medios de comunicación. Asimismo, se ordena a los alcaldes municipales restringir la propaganda en el espacio público, a través de pancartas, vallas y otros elementos publicitarios. En ese sentido, las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.
Adicionalmente, se prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación por parte de funcionarios del Ministerio Público, testigos y observadores electorales. También se fijan reglas para el transporte, con el fin de que al menos el 80 % de los buses esté en servicio; se autoriza a alcaldes y gobernadores a restringir la movilidad si es necesario; se garantiza el suministro de energía eléctrica en los puestos de votación, y se advierte que cualquier incumplimiento podrá ser sancionado por autoridades como el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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