La Procuraduría está tomando decisiones sobre la presunta participación en política de los funcionarios públicos en el marco de las elecciones de este 2026, la más reciente es la suspensión provisional de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, que será hasta el próximo 21 de junio, cuando se desarrolle la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Ante esto, Carrillo ofreció una corta declaración para referirse a la decisión de la Procuraduría, que no solo lo apartó provisionalmente del cargo sino que también lo investigará por presunta participación en política. Allí, el director de la UNGRD aseguró que le sorprendió cómo el organismo de control tomó una decisión casi que contrarreloj porque el Ministerio Público lo suspendió tan solo horas después de sus declaraciones en una rueda de prensa en la mañana de este martes.
“Es un juicio político en mi contra y lo hacen en plena época electoral. Ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y acudiré a todas las instancias legales e institucionales para demostrar que mis declaraciones estuvieron amparadas en mi derecho a la libertad de expresión y no constituyen una infracción disciplinaria”, señaló Carlos Carrillo.
Además, el director de la UNGRD expresó su preocupación por la determinación de la Procuraduría esto ad portas de la temporada de ciclones.
“Esta desproporcionada decisión pone además en riesgo el correcto funcionamiento de la entidad y de todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres justo al comienzo de la temporada de ciclones, en medio de la ejecución de 8,7 billones de pesos para la recuperación temprana del frente frío y a portas de un Súper Niño”, aseveró.
¿Qué dijo Carrillo para que la Procuraduría lo suspendiera?
“Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”, dijo el director de la UNGRD refiriéndose a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para la Procuraduría estas declaraciones podrían constituir una vulneración de las restricciones que tienen los servidores públicos frente a las controversias políticas y electorales.
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