ELN y bandas criminales siguen cometiendo abusos contra afros e indígenas: HRW

Human Rights Watch publicó su acostumbrado informe en el que advierte que la guerrilla del ELN y las bandas criminales siguen cometiendo abusos contra las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región aledaña al río San Juan.
 
Según la ONG, hay cientos de familias desplazadas por la disputa del territorio entre los grupos criminales en Chocó.
 
“Human Rights Watch ha documentado que el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son responsables de abusos contra numerosas víctimas en el municipio de Litoral de San Juan y en zonas rurales del distrito de Buenaventura. Los grupos son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años”, dice el informe.
 
Además, advierte que “los grupos armados también han limitado la posibilidad de que las familias trabajen en el río y en los montes cercanos”.
 
Por tal motivo, le hace un llamado al Gobierno de Juan Manuel Santos a que trabaje en la protección de la sociedad civil en Chocó.
 
“El gobierno colombiano tiene la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes”, enfatiza HRW.
 
“Según datos oficiales, en 2016, casi 3.000 personas se desplazaron en Litoral de San Juan, que tiene una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura, que durante años ha tenido las tasas más altas de desplazamiento forzado en el país”, finaliza el informe.
 
Este es el informe completo entregado por Human Rights Watch:
 
Colombia: Grupos armados oprimen a comunidades ribereñas
 
Cientos de familias desplazadas por grupos que se disputan el control del río San Juan en Chocó
 
(Washington, D.C, 7 de junio de 2017) – El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo sucesor del paramilitarismo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están cometiendo graves abusos contra comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan ubicadas a la vera del río San Juan en Colombia, señaló hoy Human Rights Watch.
 
Human Rights Watch ha documentado que el ELN y las AGC son responsables de abusos contra numerosas víctimas en el municipio de Litoral de San Juan y en zonas rurales del distrito de Buenaventura. Los grupos son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años. Los grupos armados también han limitado la posibilidad de que las familias trabajen en el río y en los montes cercanos. La investigación de Human Rights Watch sugiere que los abusos documentados en Litoral de San Juan son representativos de abusos en otros municipios del Chocó. El gobierno colombiano tiene la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes.
 
“Mientras se disputan el control del río San Juan, el ELN y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó”.
 
Según datos oficiales, en 2016, casi 3.000 personas se desplazaron en Litoral de San Juan, que tiene una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura, que durante años ha tenido las tasas más altas de desplazamiento forzado en el país. En los primeros dos meses de 2017, más de 1.300 personas fueron obligadas a desplazarse en Litoral de San Juan, según la Defensoría del Pueblo.
 
Mientras el ELN mantiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano en Quito, sus combatientes someten a estas comunidades a graves abusos. Estos han ocurrido tanto en el marco de enfrentamientos con el gobierno y con las AGC, como en los esfuerzos de esta guerrilla por ejercer el control social de las comunidades ribereñas. Las conversaciones de paz comenzaron en febrero, tras dos años de negociaciones preliminares. Las partes están discutiendo un punto de la agenda denominado “dinámicas y acciones humanitarias” que, según un acuerdo alcanzado en abril, tiene por objeto proteger a la población civil del conflicto armado de conformidad con el derecho internacional humanitario (es decir, las normas que regulan la guerra).
 
“Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó”, señaló Vivanco. “Si el ELN tiene un genuino compromiso con la paz, debe al menos respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”.
 
Las AGC, que surgieron después de un proceso deficiente de desmovilización de los grupos paramilitares hace más de una década, también han estado implicadas en numerosos abusos. El 16 de abril, dos personas que se dedicaban a conducir embarcaciones fueron secuestrados en la comunidad de Pichimá Playa y asesinados. Funcionarios locales que conocen el caso dijeron a Human Rights Watch que creían que las AGC eran responsables de estos abusos. En agosto de 2016, dos miembros de las AGC presuntamente atacaron a una mujer en una colina y la hirieron para obligarla a que les diera información sobre líderes comunitarios. Human Rights Watch también recibió señalamientos creíbles de que miembros del ELN y las AGC reclutan a niños para que se sumen a sus filas o trabajen como informantes, y que miembros de las AGC habrían presionado a niñas de apenas 12 años para que sean sus parejas sexuales.
 
Los montes cercanos a las comunidades son utilizados por los grupos armados para protegerse y el río es un codiciado corredor hacia el Océano Pacífico. Ambos grupos pretenden controlar el área, y esto hace que los lugareños estén expuestos a amenazas y violencia durante sus actividades cotidianas, como la pesca, el cultivo, la tala de árboles y la búsqueda de materiales para artesanías. A veces, los lugareños quedan confinados por temor al fuego cruzado o a minas antipersonales u otros artefactos explosivos, y en otras ocasiones los grupos armados limitan explícitamente su posibilidad de circular.