En el departamento del Chocó, cerca de 4.000 militares quedaron sin recibir su salario y sin abastecimiento regular de alimentos. La razón: el Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Quibdó ordenó embargar dos cuentas del Ejército Nacional, una en el Banco de Bogotá y otra en el BBVA, donde se consignan los recursos destinados a la nómina y a la manutención de las tropas.
El origen del caso se remonta a una sentencia que responsabilizó a la institución en un hecho de desplazamiento forzado ocurrido años atrás. El fallo ordenaba publicar la decisión en un medio de comunicación o un canal institucional. Sin embargo, al no cumplirse con esa orden, el juez cambió la obligación de divulgar por una sanción económica que fijó en 50.000 millones de pesos.
Con la medida, los pagos correspondientes al 25 de septiembre quedaron bloqueados para los uniformados en esa zona del Pacífico. El embargo afecta de manera inmediata la moral de las tropas desplegadas en un territorio donde adelantan operaciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otros delitos de alto impacto.
El Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército han iniciado gestiones para revertir la medida. Entre ellas, presentaron una acción de tutela en la que buscan dejar sin efecto el embargo y garantizar tanto la nómina como el suministro de alimentos. Mientras tanto, la situación mantiene en vilo a los militares que permanecen en operaciones en una de las regiones más complejas del país.
La decisión judicial ha abierto un debate: ¿hasta qué punto un embargo sobre recursos de funcionamiento esenciales puede afectar directamente la seguridad y la estabilidad de las fuerzas desplegadas en terreno? Por ahora, el desenlace depende de lo que resuelvan los jueces en las próximas semanas.