Farc pidió vetar a Germán Varón como ponente de la JEP, denuncia Cambio Radical

El Partido Cambio Radical emitió este miércoles un comunicado mediante el cual denuncia que las Farc habrían pedido al Gobierno que el senador Germán Varón, miembro de esa colectividad, no sea ponente del Proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), radicado dos semanas atrás en el Congreso. Según informó el director de esa colectividad, Jorge Enrique Vélez, ha tenido conocimiento de que voceros de la guerrilla "le manifestaron al Gobierno Nacional que vetan el nombre del senador Germán Varón Cotrino como ponente del proyecto", por lo cual advirtió que ese hecho es una afrenta en contra del parlamentario, el Partido, y la independencia y autonomía del Congreso. "¿De cuándo acá las Farc, que siguen siendo un grupo guerrillero armado y al margen de la Ley, tienen derecho a vetar a un senador, legítimamente elegido por el pueblo colombiano, y al que representa con lujo de detalles en el Congreso de la República?", enfatiza. Vélez hizo un llamado contundente al Gobierno para que no permita interferencias del grupo subversivo en las funciones del Congreso, ni en ninguna otra institución del Estado. En febrero pasado, Varón renunció a ser ponente del proyecto de Acto Legislativo que creó la JEP, tras afirmar que el Gobierno no confiaba en él y lo había retirado de la coordinación. “A mí me fue comunicado que tenía la condición de coordinador ponente de la JEP, en esa condición fungí y asistí a las reuniones con el señor ministro (del Interior) y con los demás ponentes y el día de ayer fui notificado que no era el coordinador, sino que era ponente. Para mirar esa circunstancia lo que demuestra es que hay alguna incomodidad o desconfianza por parte de la mesa o del gobierno y por lo tanto doy un paso al costado, no comprometer al partido y obviamente seguir teniendo la libertad de seguir exponiendo mis inquietudes sobre el proyecto”, explicó en su momento el parlamentario. Cambio Radical ha sido crítico en los últimos meses de varias actuaciones de la guerrilla. Recientemente cuestionó la decisión del Tribunal Contencioso de La Guajira que condenó a la empresa Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a indemnizar con $5.000 millones a las familias que se vieron afectadas con la explosión ocurrida 16 años atrás, tras un atentado de las Farc al gasoducto Ballenas-Barranquilla.