Finaliza en Corte-IDH audiencia contra Estado colombiano por falsos positivos

Culminó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que fue citado el Estado colombiano por el caso de seis jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate entre los años 1992 y 1997. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995. Los casos fueron acumulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en el informe de fondo presentado a la corte, al haber encontrado la existencia de un patrón sistemático y generalizado consistente en presentarlos como guerrilleros muertos en combate y luego trasladar la investigación a la justicia penal militar, donde estuvieron, en el caso de Wilfredo Quiñonez, durante 12 años antes de ser asumidos por la justicia ordinaria como correspondía y donde aún hoy se encuentran en la impunidad. Durante la diligencia, que tuvo lugar en Panamá, el Estado reiteró su reconocimiento parcial de responsabilidad y presentó excusas públicas a las víctimas. Lea también: Corte IDH realizará audiencia en Panamá por falsos positivos en Colombia Además, manifestó que la problemática de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no corresponde a una política de Estado y que, conforme con las pruebas allegadas al proceso internacional, no podía concluirse la existencia de un patrón de encubrimiento. Agrega que en el país han sido adoptadas medidas de no repetición y que las víctimas, en estos casos en particular, ya fueron reparadas a nivel interno. Asimismo, en uno de los casos presentados por la Corte IDH, el Estado demostró que los hechos no constituían una ejecución extrajudicial, que el responsable del homicidio había sido sancionado penalmente por la justicia nacional y que en este marco se había decretado una indemnización a cargo del victimario. Por su parte, la Corte IDH asegura que, además de la violación del derecho a la vida, “se encontró una violación del derecho a la honra y la dignidad debido a que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales”. En los próximos días el Estado deberá presentar sus alegatos escritos y quedará a la espera de la decisión definitiva que adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá decidir si condena o no al Estado colombiano por estos hechos.