A través de un comunicado conjunto el ente acusador y la Corte Suprema reiteraron que Colombia es un Estado Social de Derecho, en el que la administración de justicia recae exclusivamente en las autoridades legítimas, como jueces y entidades del Estado.
El pronunciamiento se da luego de que el ELN anunciara su intención de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a cuatro de los secuestrados: dos agentes del CTI de la Fiscalía identificados como Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, así como dos integrantes de la Policía Nacional, Franky Hoyos Murcia y Yordín Fabián Pérez.
“Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional (…) deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz”, señalaron la Fiscalía y la Corte.
Por otro lado, el Procurador General Gregorio Eljach también expresó su rechazo al secuestro de estas 4 personas perpetrado por el ELN el año pasado en el departamento de Arauca. “El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana”, dijo el jefe del Ministerio Público.
La Delegación del Gobierno nacional en los Diálogos de Paz con el ELN rechazó también la decisión de mantener secuestrados a los funcionarios de la Fiscalía y de la Policía. A este llamado también se unió la defensora del pueblo, Iris Marín, y aseguró que la libertad de estas 4 personas es el verdadero gesto de paz.
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