La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez,
anunciaron que a partir de hoy se crearán unas mesas técnicas en la que participarán funcionarios de cada jurisdicción y que, de esta manera, se articulen los temas que les competen a ambas. “Unas mesas técnicas para consolidar esa nueva arquitectura institucional que supone la justicia transicional.
Hemos definido unos temas de articulación para que avance un concepto convergente entre las dos jurisdicciones: que la justicia pueda operar”, dijo el fiscal.
Por su parte, Linares dijo que
“son varios los temas que en la reunión logramos identificar para poder avanzar de manera coordinada y armónica”. Los puntos tratados en la reunión serán anunciados en el transcurso del día, pero seguramente la decisión tiene que ver con el caso de la extradición de Jesús Santrich y la reciente polémica sobre los informes no inventariados de las FARC,
los cuales la Fiscalía se negó a presentar argumentando que no eran de competencia de la justicia transicional.
Vea también: Senado revive debate de sala especial para miembros de la fuerza pública en JEP
Informes sobre desaparición forzada La reunión también sirvió para entregar dos informes sobre desaparición por parte de las FARC y de la fuerza pública.
“Hoy entregamos dos nuevos informes: retención y ocultamiento de personas por parte de las Farc y agentes del Estado. Antes de terminar este año, la Fiscalía le cumplirá a la JEP entregando todos los informes”, dijo la vicefiscal, María Paulina Riveros.
El ente acusador asegura que son 8284 procesos por retención y ocultamiento permanente de personas por parte de las FARC, que representan 9257 víctimas, y por los que hay 4194 procesados.
El primero de los casos, ocurrió en el año 1962 en Tolima y el último hecho se registró en diciembre el 2015 en Nariño. Las investigaciones muestran que las víctimas son 7617 hombres, 1432 mujeres y en 208 casos no se cuenta con el sexo de la víctima.
La edad más recurrente de los hechos está entre los 18 y los 25 años,
y los departamentos en donde más se presenta la desaparición forzada son Antioquía, meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. La Fiscalía también identificó 294 procesos, con 675 víctimas del mismo delito,
pero por parte de agentes del Estado. El primer caso se registró en septiembre de 1977 en Barranquilla y el último en diciembre del 2015 en Buriticá, Antioquía.
Según las cifras del ente acusador,
1244 personas han sido procesadas por estos delitos, de los cuales, 815 eran soldados en el momento que ocurrieron los hechos, 94 eran integrantes de la Policía Nacional, 14 eran funcionarios del extinto DAS y 10 de la Armada Nacional.