A través de una carta de cuatro páginas, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) explicó detalladamente los problemas y situaciones que confluyen en el Bajo Cauca antioqueño,afectado por el paro minero desde el pasado 2 de marzo, y trató de dar luces del porqué de esa situación.
“El Bajo Cauca y nordeste antioqueño es una de las 16 subregiones PDET, las cuales están integradas por 170 municipios priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado,con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Esta subregión en particular está integrada por los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedio, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza”, se leyó en este comunicado.
Para el GDIAM, los grupos armados ilegales están oprimiendo a la población con el objetivo de obtener dineros de la extracción ilícita de minerales y cultivos ilícitos que hoy, dicen, es la principal razón del paro que azota esa zona del país.
En esa carta se hizo una radiografía en varios aspectos, como la constante situación de inseguridadque vive la subregión del Bajo Cauca y nordeste antioqueño.
Allí, según el GDIAM, se registró durante 2022 una tasa de homicidios de 88 por 100,000 habitantes, "la segunda más alta entre las subregiones PDET y más de tres veces la de Colombia, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de la Policía Nacional. En el mismo año reportó 58 casos de extorsión y 309 reportes de desplazamiento forzado, de acuerdo con la misma fuente y la Fiscalía General de la Nación”.
En esos territorios confluyen altos índices de pobreza, que de acuerdo con el Grupo de Diálogo, genera un círculo vicioso en el que la violencia trae más pobreza: pero esto es consecuencia de la falta de oportunidades y protección de derechos fundamentales en estos municipios.
“Esta situación se habría podido evitar si el Estado contara con los insumos necesarios para efectuar una regulación diferenciada, que combata a las estructuras criminales asociadas con la extracción ilícita de minerales y, las diferencie de mineros que no cumplen el total de los requisitos de Ley para operar, pero no necesariamente por falta de voluntad, a quienes el Estado debe intervenir de forma que puedan dar el salto a la formalidad”, se precisó en la misiva.
Desde la óptica del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia, el Estado debe reconocer que existen distintos tipos de minería: artesanal, formal, informal e ilegal y que todas estas se diferencian radicalmente de la extracción ilícita de minerales; ya que la minería ilícita se dedica a la financiación de actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por lo que, en contraste, "el minero informal es aquel que no cumple con todos los requisitos de Ley, tiene voluntad de formalizarse, pero no ha logrado hacerlo porque a su escala (subsistencia y pequeña) la regulación que enfrenta se convierte en una barrera", indicó el GDIAM.
"Esto lo diferencia del minero ilegal que tampoco cumple con todos los requerimientos de ley, a pesar de que a su escala (mediana y grande) podría hacerlo, lo que evidencia una falta de voluntad. Finalmente está la extracción ilícita de minerales, cuya principal problemática no es que tenga o no título minero o permiso ambiental, sino que se asocia con el lavado de activos y financiación del terrorismo", agregó.
Con estos hechos, la problemática que vive hoy el Bajo Cauca se asocia, de acuerdo con el Grupo de Diálogo, con los actores que en diferentes ocasiones son violentos y, en el menor de los casos, son ilegales y de mediana escala, que están demandando la presencia del Estado. Pero, al tiempo, han sido el factor principal de contaminación de las fuentes de agua y cobertura boscosa en la región.
“Vale la pena recordar que el Ministerio de Minas y Energía, con varias organizaciones de mineros artesanales y el GDIAM, son postulantes en el proceso de reconocimiento de la Minería Artesanal Ancestral – MIAA como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, ante el Ministerio de Cultura", resaltó la organización.
Este proyecto ya superó la etapa de postulación y se encuentra en el proceso de elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, por lo que se esperaría que en 2024 se conozca si esta práctica minera forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, "lo cual sería sólo un paso más hacia la visibilización, dignificación y protección de la MIAA", indicó el GDIAM.
Por último, en esta carta se lanzó un llamado para que el Gobierno nacional defina con quién se dialoga en el Bajo Cauca antioqueño, teniendo en cuenta todos estos aspectos.
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