Gobierno ha cumplido 24 % de su meta para ‘acabar’ contratos de prestación de servicios

En su primera semana en el cargo, la hoy saliente ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sentenció que había llegado el fin de los contratos de prestación de servicios con el Estado. Más de dos años después, esa promesa está todavía lejos de cumplirse, de acuerdo con información obtenida por Blu Radio a través de un derecho de petición.Según cálculos de las centrales obreras, 1.2 millones de colombianos trabajan con el Estado a través de órdenes de prestación de servicios. Esa es una figura bajo la cual son tratados como proveedores y no como empleados, por lo cual no reciben primas, cesantías, ni vacaciones.Inicialmente, el Gobierno hablaba de crear 700.000 nuevos cargos para la formalización, pero en el Plan Nacional de Desarrollo la meta que quedó escrita fue crear 100.000 nuevos cargos.Los datos del Departamento Administrativo de la Función Pública apuntan a que se han creado hasta el momento 24.256 nuevos cargos, incluyendo no solo a entidades del Gobierno, sino también de las alcaldías y las gobernaciones. Es decir, el 24.2 % de la meta."Este esfuerzo ha contribuido al fortalecimiento de la planta de personal, garantizando una mayor estabilidad laboral y optimizando la prestación de servicios en las entidades del Estado. No obstante, se reconoce que aún existen desafíos por superar, los cuales se están abordando de manera articulada con las entidades públicas, a través del acompañamiento continuo y la asesoría técnica proporcionada por el departamento", señaló la entidad.Según Función Pública, hoy está en trámite y estudio la creación o ampliación de planta en 39 entidades, lo que implicaría 21.762 nuevos cargos. En la lista están, por ejemplo, 5.700 nuevos cargos para la Unidad Nacional de Protección; 3.610 cargos para el ICBF entre padres y madres comunitarios y defensores de familia, 2.200 nuevos funcionarios para el Invima y 885 empleados para el recién creado Instituto de Vías Regionales, Invir .Sin embargo, ese plan se enfrenta con un problema monumental: el Gobierno está pasando por dificultades financieras y esas plantas no podrán crearse sin aval del Ministerio de Hacienda. El propio ministerio de Hacienda estima que le quedaron sin pagar 55 billones de pesos en cuentas de cobro el año pasado, una cifra que se suma a un déficit de 90 billones de pesos con el que cerrarán las cuentas de este 2025.Además, el plan de austeridad del Gobierno para 2025 incluye la orden de recortar gasto en contratos de prestación de servicios.