En la última semana los magistrados de la Corte Constitucional se reunieron en Sala Plena para debatir sobre los decretos declarados por el presidente Gustavo Petro en la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira que anunciaban medidas para la transición energética y acceso al agua y saneamiento básico.
Después de días de discusión, el alto tribunal decidió tumbar el decreto que estableció un aporte de 1.000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 declarado en la emergencia económica en La Guajira. La decisión dio un plazo de 6 meses para que los recursos recaudados sean devueltos por medio de dicha factura.
El fallo de la Corte asegura que “Los recursos recaudados en virtud de lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1276 de 2023 deberán ser devueltos a los contribuyentes mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión”.
Así mismo, la Corte decidió declarar inexequible con efectos diferidos a un año el decreto 1250 con el que se adoptaban medidas en materia de agua y saneamiento básico. Esta norma le otorgaba funciones al Ministerio de Vivienda para financiar proyectos relacionados que permitieran solventar necesidades alrededor del agua y saneamiento.
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Así mismo, el decreto ofrecía acceso al agua a las zonas donde no hay prestación de acueducto por medio de medios alternos como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno, tanques colapsables, entre otros. Igualmente creaba el Instituto de la Gestión del Agua de la Guajira, el cual tenía como objetivo principal crear estrategias para promover el acceso al agua sostenible.
Con esta decisión, la Corte Constitucional tumbó en total ocho decretos de la emergencia en La Guajira: el decreto madre con el que se estableció la emergencia en la Guajira y, a partir de ahí, se han venido cayendo el que pretendía recuperar las Salinas Marítimas de Manaure, la mina de explotación de sal más grande del país; la que modificaba los permisos para el uso del espectro radioeléctrico; la que protegía la riqueza cultural del pueblo Wayuu; la que creaba una institución de educación superior indígena Wayuu; y con la que se pretendía adelantar la reforma a la salud en ese departamento.
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