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La Procuraduría General de la Nación confirmó, en fallo de segunda instancia, la destitución e inhabilidad general por 20 años para ejercer funciones públicas a los patrulleros de la Policía Nacional Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, tras comprobarse su participación directa en la retención ilegal de un ciudadano y el hurto de $753 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2021, cuando los patrulleros, adscritos al Grupo de Protección de la Rama Judicial, se ausentaron sin justificación de sus labores asignadas para ejecutar un operativo ilegal.
Ese día interceptaron a un ciudadano, lo privaron de su libertad de forma arbitraria y lo despojaron de una alta suma de dinero en efectivo, la cual este transportaba para una transacción comercial. Según la investigación, el operativo fue planeado con antelación y contó con la participación de un oficial superior, quien aún se encuentra bajo investigación.
Para encubrir su identidad y desviar la atención de las autoridades, los patrulleros alteraron la placa de la motocicleta utilizada en el operativo y portaron chaquetas oficiales que habían pertenecido a un funcionario retirado de la institución. Estas acciones fueron clave para dificultar su posterior identificación y vinculación con el hecho delictivo.
La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento calificó la conducta como una falta gravísima a título de dolo, al determinar que los funcionarios actuaron con total conocimiento y voluntad para cometer el delito, aprovechando su investidura policial.
Las pruebas recopiladas, entre ellas registros de seguimiento, testimonios y material fotográfico, fueron consideradas suficientes, precisas y concordantes para establecer su responsabilidad directa.
Esta sanción, contra la cual no procede ningún recurso, busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción y el abuso de poder dentro de las instituciones del Estado. El caso no solo refleja una grave violación a los principios de legalidad y ética pública, sino también una seria afectación a la confianza ciudadana en la fuerza pública.
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