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La Procuraduría alertó sobre la forma desarticulada como avanza la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y sobre el retraso en algunos puntos.
El ente de control evaluó cinco puntos y en todos “identificó una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros”.
Señaló que solo se ha cumplido con el 60 por ciento de los compromisos del plan de implementación que debía estar finalizado y ejecutado el año pasado.
No se han diseñado todas las herramientas necesarias para hacer un seguimiento integral al proceso” y no se reportan recursos invertidos “ni las acciones desarrolladas en los territorios
Por ejemplo, en la reforma rural, la Procuraduría encontró que “solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas, cifra preocupante teniendo en cuenta que el objetivo es entregar 3 millones de hectáreas en el año 2027”.
Si bien la Procuraduría reconoce avances en la articulación de la oferta institucional para garantizar la presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, solo una de las 16 subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- cuenta con Hoja de Ruta Única, principal herramienta para la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR-
Uno de los mayores “rezagos”, según la Procuraduría, tiene que ver con la participación política “debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales”.
También señaló que solo el 35 por ciento de los excombatientes de las Farc están en proyectos productivos. Además, existen problemas en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, 52 por ciento de quienes querían ingresar quedaron por fuera y existe una “falta de claridad sobre la estrategia y los recursos para garantizar su implementación, verdad, justicia, reparación y no repetición”.
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Sobre financiación, “la Procuraduría halló deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión. Solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del presupuesto general destinado a la implementación del acuerdo”.
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