Sor Teresa Gómez Álvarez fue cuñada de los hermanos Castaño, comandantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, pero además fue representante legal de Funpazcor, una supuesta fundación de víctimas del conflicto que después se conoció funcionaba como fachada para lavar el dinero de los Castaño. Ella fue condenada por el delito de desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica en la región de Bajirá y ahora pide pista en la JEP para contar lo sucedido en el Urabá durante el conflicto.
En su condena se determinó que: " Fue clave en el proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región, pues fue una emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por sujetos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención. Por tanto, resulta incuestionable que la acusada estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la encargada de pagar a las personas que de diversas formas vendían sus propiedades".
Tanto las víctimas, como otros comparecientes y la Procuraduría, elevaron una solicitud a la JEP para que llamara a Sor Teresa para que amplíe la información que tenga sobre la forma en la que delinquían los paramilitares en el Urabá y Córdoba, teniendo en cuenta que hizo parte de este despojo de tierras, el cual se ha determinado estuvieron involucrados también empresarios de la región que actuaban en connivencia con los paramilitares.
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Ella se desmovilizó el 12 de abril de 2008 del frente Costanero, adscrito al bloque Elmer Cárdenas de las AUC, en el año 2019 pidió su sometimiento a la JEP y actualmente se encuentra en la cárcel El Buen Pastor cumpliendo su condena. Aunque no se ha decidido su situación en la justicia transicional, fue llamada al considerarse que su aporte podría ayudar a esclarecer diferentes hechos relacionados al conflicto armado y el paramilitarismo en el Urabá.
"Convocar a diligencia de testimonio a la señora Sor Teresa Gómez Álvarez resulta pertinente y conducente en cuanto permitirá profundizar las referencias contenidas en los informes aportados por las organizaciones de víctimas acreditadas ante este despacho relator, así como las referencias en las sesiones de versión voluntaria de quienes han sido vinculados a esta investigación", se lee en la decisión de la JEP.
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La diligencia se desarrollará de forma virtual los días 6 y 7 de octubre de 2022, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
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