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El Tribunal Superior de Bogotá ordenó, en primera instancia, prisión domiciliaria contra el gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1 de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias por un valor de $3.460.634.610 con el objeto de atender la pandemia por el COVID-19.
Sin embargo, su abogado interpuso recurso de reposición, es decir, que el próximo 18 de noviembre se conocerá si la decisión queda en firme o si el mismo magistrado la echa para atrás.
En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública, que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la emergencia económica social y ecológica en todo el territorio nacional por parte del gobierno (decreto 417 del 17 de marzo de 2020).
Por los hechos, el gobernador fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra del mandatario departamental.
Dice el ente acusador que la investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, en este caso, Carrocería Innovas SAS, y que, además, tenía un supuesto sobrecosto de $1.064.626.310 “el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad”.
También, dicen los investigadores, que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendrían los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
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