Imputan cargos al gobernador del Putumayo por presuntas irregularidades en compra de ambulancias

La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó cargos al gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, por el contrato de compra de 10 ambulancias adquiridas durante la pandemia.Al gobernador le imputaron los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado.Para el ente acusador, el gobernador sería el “presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1 de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el COVID-19”“La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310 el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad”, dice la Fiscalía.El ente investigador tendría pruebas para demostrar que “el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes”.Al mandatario también le fue imputado el presunto cargo de falsedad en documento público.Otros cuatro funcionarios de la gobernación del Putumayo, y un particular, también estarían involucrados por peculado por apropiación y falsedad en documento público.Figuran ente los afectados por la decisión el actual secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, quien sería el que suscribió el contrato; el jefe de la Oficina de Contratación de la Gobernación, Julián Mauricio Moreno Gómez; las supervisoras del contrato, adscritas a la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental, Gloria Fanny Chávez Cadena y Alexandra Benavidez González; y el representante legal de Carrocerías Innova SAS, Rubén Darío Suárez Saavedra.La Fiscalía presentó material probatorio suficiente, mediante el cual, el despacho judicial acogió la solicitud y avaló la imputación.