La inseguridad en Colombia dejó de ser solo un problema de orden público para convertirse en un factor que afecta de manera directa el desarrollo económico y la continuidad de las actividades productivas, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional, que analiza el impacto de la criminalidad sobre el sector empresarial y la competitividad del país.
“La seguridad constituye un bien público esencial y su deterioro repercute directamente sobre la actividad empresarial, la generación de empleo, la confianza de los inversionistas y la capacidad de las instituciones para garantizar la libre empresa y la propiedad privada”, señala el documento.
Según el Consejo Gremial Nacional (CGN), sin seguridad no hay libertad económica real y las políticas de seguridad deben entenderse también como políticas económicas, debido a su impacto transversal sobre la inversión, la productividad y el bienestar social. La entidad resaltó la necesidad de proteger a lols empresarrios, trabajadores y consumidores de amenzas violentas pues, de acuerdo con su plantemiento, 'la libertad económica se convierte en una mera declaración de principio'.
El informe identificó como uno de los principales factores de riesgo el crecimiento de las econonmías ilícitas, pues estas financian la expansión de grupos criminales y aumentan la presión sobre empresas de distintas regiones del país. De acuerdo con las cifras reportadas Colombia registra el mayor número de hectáreas cultivadas con coca y la mayor producción potencial de cocaína desde que existen mediciones oficiales. En 2023 se contabilizaron 253.000 hectáreas de coca y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína, un incremento del 53 % frente al año anterior.
Este fenómeno, advierte el Consejo Gremial, alimenta la violencia, debilita la presencia del Estado y deteriora el entorno para la actividad formal. A esto se suma la minería ilegal, que afecta a 29 de los 32 departamentos del país, pues según los registros el 80% del oro que se exporta tiene origen ilegal y cerca del 70% proviene de actividades desarrolladas por grupos al margen de la ley.
Uno de los principales fac tores de riesgo para los pequeños comercios y el desarrollo de la economía enm las regiones es el hurto a establecimientos. Entre enero y octubre de 2025 se reportaron 22.334 casos, lo que representa una disminución del 34,4 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, el informe advierte que este delito sigue afectando de manera directa la seguridad del personal, la estabilidad de los puntos de venta y la continuidad de las actividades productivas, especialmente en sectores como comercio, servicios y pequeñas y medianas empresas.
Así mismo, el Consejo Gremial aseguró que delitos como la extorsión y el secuestro tienen un impacto directo sobre los negocios y las personas al operar como un impuesto criminal, alterando la planeación financiera y la continuidad de los proyectos.
Durante 2025 se registraron más de 10.000 casos de extorsión, una de las cifras más altas de los últimos años. Aunque el registro muestra una leve reducción frente a 2024, el Consejo Gremial advierte que sigue siendo una amenaza estructural para empresas de todos los tamaños, desde microempresas hasta grandes compañías.
En materia de secuestro, la situación es aún más crítica. Entre enero y octubre de 2025 se reportaron 527 víctimas, más del doble que en el mismo periodo del año anterior y el registro más alto desde 2007. El departamento del Cauca concentró el 40 % de los casos.
“El homicidio y el secuestro constituyen amenazas contra la integridad de los trabajadores, afectan la movilidad del talento y obligan a las empresas a replantear horarios, rutas y esquemas de operación”, advierten en el informe.
Las afectaciones económicas se han dado también por los atentados en vías del país y los bloqueos. Durante 2025 se registraron más de 1.100 actos de terrorismo, un incremento del 10 % frente al año anterior, con mayor concentración en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
“Los atentados contra infraestructura y los bloqueos prolongados reducen la confiabilidad de los flujos de bienes y servicios y elevan los costos de operación”, indicó el informe del CGN.
En este sentido, el informe también alerta sobre el crecimiento sostenido de los delitos informáticos, que ya superan ampliamente a delitos tradicionales como la extorsión. Las cifras entregadas por el Consejo Gremial revelan que entre enero y octubre de 2025 se registraron casi 60.000 delitos informáticos, siendo el hurto por medios digitales el más común. La magnitud de este delito es casi seis veces mayor que la de la extorsión.
“La mayor interconexión entre empresas, proveedores y clientes amplía la superficie de exposición y hace cada vez más vulnerable al sector productivo frente al cibercrimen”, aseguraron.
Finalmente, el Consejo Gremial lanzó una fuerte advertencia al indicar que sin orden público no hay bienestar social, por lo que es fundamental que el gobierno y las instituciones concentren sus esfuerzos en la protección de la vida y la propiedad de empresarios y comerciantes para así fomentar el crecimiento y desarrollo económico en todo el país.
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