La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Raúl Eduardo Sánchez, emitió un requerimiento formal dirigido al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional para solicitar información detallada sobre el reciente desmonte y retiro de diversas piezas y exposiciones de sus salas.
La decisión judicial busca determinar si dichos elementos guardan relación con el conflicto armado colombiano y si su retiro afecta el derecho fundamental a la memoria y la no revictimización de las víctimas.
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Orden judicial de la JEP
El pronunciamiento se da en el marco de la preocupación surgida por el retiro de varias obras y afiches históricos, entre los cuales figuran afiches promocionales de las campañas políticas de los líderes asesinados en 1990, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, así como elementos simbólicos de la extinta guerrilla del M-19.
En diálogo con Mañanas Blu, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez aclaró que la JEP busca primero verificar el vínculo técnico de los elementos con la conflagración antes de adoptar cualquier medida de fondo. En palabras del magistrado: “En el caso concreto, estamos tratando de indagar justamente sobre las exposiciones que reposaban en el Museo Nacional, si tienen o no algún tipo de vínculo o relación con el conflicto armado colombiano”. Asimismo, enfatizó el propósito central de la actuación al señalar que “el derecho a la memoria implica justamente eso, que lo ocurrido, que lo narrado refleje lo que pasó efectivamente en la realidad”.
El derecho a la memoria y las medidas cautelares
El magistrado explicó que la solicitud tramitada se apoya en los instrumentos de la Ley 1922 y la Ley 1957, normativas que facultan a la jurisdicción para decretar medidas cautelares solicitadas prioritariamente por las organizaciones de víctimas. Estos procedimientos no solo buscan la protección física o la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino también la salvaguarda de los archivos e interpretaciones sobre la historia del conflicto.
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Sobre la sensibilidad en torno a la narrativa histórica del país, el magistrado Sánchez afirmó: “Las medidas cautelares son impulsadas por las víctimas especialmente... buscan una serie de protección a sus derechos... derecho a la protección de la memoria, que es tan importante porque desafortunadamente la memoria bien se ha convertido en un campo digámoslo así, de batalla en la narración”.
En el caso particular del Museo Nacional, la instrucción se emite dentro del expediente de la “medida cautelar nacional de memoria por un lado, pero también de búsqueda y articulación en lo que tiene que ver con la desaparición forzada de personas”. Sánchez argumentó que, si se comprueba la vinculación con el conflicto, será indispensable escuchar la voz de los afectados, pues las percepciones pueden ser diversas: “Las exposiciones que puedan ser históricas... pueden decirnos: esas exposiciones podrán ser muy históricas, pero nos están revictimizando. Necesitamos que si se va a hacer algo histórico tenga un contexto mayor”.
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Independencia de la decisión y antecedentes de la JEP
Ante las inquietudes periodísticas sobre si este requerimiento al Gobierno responde a tensiones políticas recientes o al debate sobre recortes presupuestales a la justicia transicional, el magistrado negó categóricamente cualquier interferencia o motivación externa. Al respecto aseveró: “No, en lo absoluto... esto no tiene ningún tipo de relación ni vínculo, no, es simplemente el trabajo normal y cotidiano”.
Finalmente, el funcionario recordó que la JEP ha proferido más de 80 medidas cautelares en todo el territorio nacional, entre ellas intervenciones sobre exposiciones del Centro Nacional de Memoria Histórica en administraciones anteriores a raíz de reclamos de comunidades indígenas y de víctimas. La jurisdicción esperará el informe oficial del Ministerio de Cultura para evaluar las eventuales implicaciones jurídicas e invitar a las partes a pronunciarse.
Escuche aquí la entrevista:
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