Ley anticorrupción debe presentarse vía fast track como se acordó: Álvaro Leyva

Álvaro Leyva, asesor del proceso de paz con las Farc diseñó una reforma constitucional que crea un sistema judicial especial contra la corrupción. Dicha reforma será presentada este jueves ante la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Implementación del Acuerdo de Paz para que la analice, le haga las modificaciones convenientes, para que después si vaya al Congreso vía ‘fast track’. “Es una reforma estructural, la más completa. Alguien me decía que era una reforma tiburón, y la verdad es que si tiene dientes agudos y eso es lo que el país necesita en este momento”, manifestó. ¿En qué consiste? Según el exministro Álvaro Leyva, en el acuerdo de paz existe la obligación de presentar vía fast track el proyecto anticorrupción. La propuesta de 4 páginas se resume básicamente en: Reformar la constitución en al artículo 1 porque Combatir la corrupción debe ser un fin constitucional del Estado. “El primer artículo de la constitución dice que Colombia es un estado social de derecho, y después dice cuáles son los fines del estado y yo introduzco la lucha y sanción contra la corrupción pública y privada, entonces se convierte en una política de Estado. Inmediatamente después se crea la Jurisdicción Excepcional Anticorrupción dentro de la jurisdicción ordinaria que durará 15 años. Pueden ser prorrogados con la situación en que estamos de emergencia”, afirmó Leyva. Adicionalmente en el texto de 4 páginas propone crear la Unidad Nacional de Prevención de la Corrupción, conformada por cinco funcionarios llamados Síndicos. “Colombia se comprometió a crear esa unidad y nunca la había creado. Estará conformada con cinco funcionarios que se llaman síndicos, una persona que protege lo jurídico y lo económico. Son cinco síndicos de la más alta categoría, con alta experiencia en diversos temas, temas bancarios temas de contratos con el Estado, en fin”. Estos cinco síndicos son escogidos por un periodo de cinco años de la siguiente manera: uno por la Corte Suprema de Justicia, otro por el Consejo de Estado, otros por los gremios de la producción que son 22 asociados, otros por las confederaciones obreras y otros por la Ascun que recoge todas las universidades del país. Otro punto es crear al interior de la Fiscalía una fiscalía especial autónoma, cuyo fiscal será elegido por una terna que se le envía al Fiscal General de la Nación, “pero es autónomo ese fiscal con relación al fiscal general; el cargo se crea para el mismo haga las indagaciones del caso”. La propuesta de Leyva establece que el procurador, el fiscal y los superintendentes presenten en un plazo de 30 días una vez aprobado el acto legislativo, una declaración, la razón social de las sociedades de las que cada uno haya sido socio o accionista, durante los cinco años anteriores a la posesión de su cargo.