Faltan explicaciones de Petro sobre escándalo de la UNGRD tras captura de dos de sus alfiles

La teoría de la justicia en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo es que se creó una organización delincuencial que tenía como objetivo, torcer o mover la voluntad de un grupo de congresistas para que apoyaran la gestión y los proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.Durante la audiencia en la que decidió sorpresivamente enviar a la cárcel a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero, afirmó que la actuación de quienes fueran dos de los alfiles del presidente Petro, “responde a la misma lógica instrumental orientada a asegurar gobernabilidad mediante el uso de recursos públicos y la incidencia ilegítima sobre el legislativo”.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, la justicia tiene elementos que demostrarían que facilitó y participó en el direccionamiento de tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 90 mil millones de pesos para satisfacer el apetito de seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de que los parlamentarios emitieran conceptos que eran indispensables para que el gobierno pudiera tramitar empréstitos internacionales para la Nación.Según la justicia, el exministro Luis Fernando Velasco habría desempeñado el rol de “articulador político” de la estructura dedicada a la compra de conciencias en el Congreso a cambio de contratos. Según el exdirector de Gestión de Riesgo Olmedo López, Velasco le dio instrucciones precisas para direccionar los contratos hacia congresistas que ofrecieran respaldo a la agenda legislativa del Gobierno. El caso puntual que hoy tiene en la cárcel a Luis Fernando Velasco es el del senador Julio Elías Chagüi, que, según los testimonios, habría recibido contratos sin justificación de urgencia o necesidad.Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son los funcionarios de mayor rango del gobierno Petro detenidos por este escándalo, pero no son los únicos, se suman a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, que está presa y en etapa de juicio y a los prófugos Carlos Ramón González y César Manrique, que fueron hombres muy cercanos a su gobierno.Carlos Ramón González fue director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia, habría ordenado entregar 3 mil millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado Iván Name y mil millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, hoy es prófugo de la justicia y pasa sus días bailando vallenato en su exilio dorado en Nicaragua. César Manrique fue director de la Función Pública y actualmente está prófugo de la justicia, presuntamente en Venezuela.La otra pata del escándalo está en el Congreso: están detenidos los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle y están a la espera de saber si son llamados a juicio o no por la Corte Suprema los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar. También están a la espera de su llamado por la justicia los congresistas Julio Elías Chagüi y Martha Peralta.Tras la captura de los exministros Bonilla y Velasco, el país necesita que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envíe un mensaje claro anticorrupción en el momento en el que defina el llamado a juicio a seis congresistas que habrían estado involucrados en el mismo escándalo. También es el momento para que el presidente Gustavo Petro responda a las afirmaciones del exministro Luis Fernando Velasco, quien dijo ante la justicia que toda la operación política que él adelantó, fue conocida y autorizada por el jefe de Estado y aseguró que la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia, le ordenó contratar a Olmedo López, pieza clave del escándalo, por instrucción directa del presidente Petro.