Ley de encuestas: advierten de graves riesgos para la democracia y libertad de expresión

La reciente demanda y admisión ante la Corte Constitucional de la controvertida "Ley de encuestas" ha encendido el debate nacional sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y el futuro de los procesos electorales en Colombia. Alejandra Carvajal, directora del centro de pensamiento "Mejor Así", ha emergido como una voz crítica; calificándola de "ley mordaza" y advirtiendo sobre sus profundas implicaciones para la democracia colombiana. En diálogo con Mañanas Blu, Carvajal desglosó los múltiples argumentos que, desde su perspectiva académica y jurídica, vaticinan su posible caída en el tribunal constitucional.La Corte Constitucional ha asumido la tarea de revisar los derechos constitucionales y fundamentales que podrían verse vulnerados por esta ley. Carvajal subraya que uno de los principales derechos afectados es la libertad de expresión, un pilar fundamental en cualquier estado de derecho.Amenaza a la libertad de expresiónAlejandra Carvajal enfatiza que la ley de encuestas, tal como está concebida, representa una grave afectación a múltiples derechos fundamentales de los colombianos. Desde hace décadas, las encuestadoras han sido un pilar fundamental en el acompañamiento de los procesos electorales, permitiendo a los medios de comunicación realizar un cubrimiento acertado y ofrecer una "radiografía de la realidad electoral". Para Carvajal, esta ley coarta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho al trabajo de las encuestadoras y el derecho a la información de los ciudadanos.La directriz de la ley, que impide preguntar por la intención de voto, aunque permite otras preguntas, es vista como una medida restrictiva que limita la capacidad de los medios para informar adecuadamente a la ciudadanía.Riesgos científicos y financieros para la actividad encuestadoraMás allá de los derechos individuales, Carvajal advierte sobre un impacto significativo en el ámbito científico y académico. Las encuestas, según la experta, son herramientas cruciales para el análisis serio del comportamiento electoral en facultades de ciencias políticas y en la academia en general. La ley, al imponer parámetros excesivamente estrictos y sanciones draconianas, desvirtúa este rigor."Yo lo que veo es que esto conlleva es muchos riesgos para la actividad encuestadora y que pues claramente así como vimos la última Invamer pool que fueron todas las páginas completamente vacías eh porque sencillamente no se pudo publicar y lo que genera esto es un problema complejo", explicó Carvajal.Escuche aquí la entrevista: