Los Ciruelos exige millonario pago por prohibirles construcción en el Tayrona
La empresa Los Ciruelos pretendía montar 12 cabañas en bahía Concha.
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La empresa Reserva Los Ciruelos, que lideraba un ambicioso proyecto de construcción ecoturístico en el Parque Nacional Tayrona, en Santa Marta, exige el pago por parte del Estado de más de 6 mil millones de pesos por impedírsele llevar a cabo sus planes en este sector turístico del norte del país, según lo revela El Espectador.
Según la compañía colombiana, al no poder construir, se violaron varios de sus derechos, por lo que pretende una indemnización de más de $320 millones, cifra que se suma a los más de $6.000 millones que le pidió al Estado en una demanda de marzo de 2015, y conocida por El Espectador, por reparación directa.
De acuerdo con el diario, el origen de esta pelea jurídica, que tiene tintes ambientales y políticos, comenzó el 3 de abril de 2009, cuando la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente (hoy tarea de la ANLA) le dio permiso a Los Ciruelos para construir en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta 12 ecocabañas y dos muelles de acceso.
Sin embargo, en el año 2001, la ANLA y la Uaespnn hicieron una visita de seguimiento y se dieron cuenta de que se estaba sacando agua para la obra de un lugar no permitido por lo que se suspendió la construcción.
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“El proyecto volvió a coger rumbo, pero el problema ambiental ya tomaba fuerza en la Uaespnn, la ANLA y el Gobierno. Para julio de 2012, las autoridades conocieron un concepto técnico que presentó la Unidad de Parque Nacionales. En el documento, basado en una investigación del Instituto Humboldt y la Universidad Icesi de Cali, se advertía que se debían revisar nuevamente las obra aprobadas, pues en el lugar había un bosque seco que requería protección especial”, agrega El Espectador.
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Hoy la empresa trata de defenderse y a través de trámites jurídicos exigen al Gobierno Nacional una indemnización, pues, según ellos, se les violó su derecho al debido proceso. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia el caso.
Vea aquí el informe completo que publica el diario El Espectador.
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