Madres víctimas de falsos positivos piden que no incluyan a militares en la JEP

Las madres de los cinco jóvenes de Soacha que fueron víctimas de ejecución extrajudicial en Ocaña, Norte de Santander, pidieron la máxima condena contra los 21 militares responsable de los hechos, además elevaron su solicitud para que no se les incluya en la Justicia Especial para la Paz por considerar esta conducta como un delito de lesa humanidad. En medio de la audiencia en que se conocerá el monto de la condena contra el coronel en retiro Gabriel de Jesús Amado y otros 20 militares, las madres manifestaron que es muy difícil perdonar un acto como en el que murieron sus hijos. Cabe recordar que, el juez primero especializado de Cundinamarca emitió sentido de fallo condenatorio en contra del coronel, por su responsabilidad en el asesinato de cinco jóvenes que fueron reclutados con falsas promesas de trabajo en el municipio de Soacha (Cundinamarca) en el año 2008. Los jóvenes fueron trasladados hasta la vereda Agua de la Virgen, zona rural del municipio de Ocaña (Norte de Santander), donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate. Para el funcionario judicial existieron pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad de los militares en los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. En este sentido manifestó que se comprobó su participación y responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales. Los militares adscritos a la Brigada con sede en Ocaña recibieron a los jóvenes por parte de un reclutador que había sido contactado por ellos. Acto seguido, les quitaron los documentos de identificación, los trasladaron a un lugar cercano y les dispararon a quemarropa. Posteriormente les pusieron uniformes de camuflado y les ubicaron armas en sus manos. Los militares presentaron un reporte oficial en el que manifestaban que se había presentado un combate con un grupo armado ilegal. El juez del caso declaró que este caso cumple con todos los requisitos para que se declare como un crimen de lesa humanidad, advirtiendo que los militares procesados hicieron parte de un plan dirigido a mostrar resultados operacionales. "La máxima pena porque perder uno a su hijo, lo único que yo tenía y es que no estoy dispuesta ni a perdonar. Así ellos me pidieran perdón no acepto", expresó la mamá de Diego Alberto Tamayo asesinado en Ocaña, Norte de Santander.