Magistrado Néstor Osuna renunció al Consejo Superior de la Judicatura
El magistrado Néstor Osuna renunció al Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo muestra una carta enviada al presidente del Congreso, José David...
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El magistrado Néstor Osuna renunció al Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo muestra una carta enviada al presidente del Congreso, José David Name. (Lea también: Piden a Santos ampliar denuncia sobre “cortejos” de magistrados de la Judicatura)
En la misiva, Osuna le pide al Name aceptar su renuncia a partir del 5 de junio.
Osuna fue elegido magistrado el 10 de diciembre de 2013 y se posicionó el 28 de enero de 2014, tal como lo recuerda en la carta. (Lea también: Judicatura cita a versión libre a exmagistrado Escobar y abogado Víctor Pacheco)
Además, el magistrado, en un comunicado afirma que su renuncia se debe a la eliminación del órgano al que pertenece en la reforma de equilibrio de poderes:
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“Desde agosto del año pasado viene tramitándose un proyecto de reforma constitucional que suprime el órgano para el que fui elegido y lo remplaza por una Comisión de Disciplina Judicial que, a pesar de conservar su carácter jurisdiccional, tendrá una prohibición explícita para tramitar y resolver acciones de tutela. Conozco las razones coyunturales que hay tras esa propuesta pero, sinceramente, no concibo el ejercicio de la magistratura sin la posibilidad de proteger los derechos fundamentales mediante la herramienta más importante que ha creado la sociedad colombiana para ello: la acción de tutela. Así las cosas, no me siento comprometido con el diseño de ese nuevo tribunal”, dice Osuna en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. (Lea también: Judicatura promete investigación en tiempo récord por caso de Fidupetrol)
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Este es el texto del comunicado:
Hoy, 22 de mayo de 2015, renuncio al cargo de Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que ejerzo desde el 28 de enero de 2014. Mi carta de dimisión será presentada ante el Congreso de la República con la solicitud de relevarme a partir del próximo viernes 5 de junio, lapso que considero prudente para retirarme sin causar traumatismos en el despacho.
Desde agosto del año pasado viene tramitándose un proyecto de reforma constitucional que suprime el órgano para el que fui elegido y lo remplaza por una Comisión de Disciplina Judicial que, a pesar de conservar su carácter jurisdiccional, tendrá una prohibición explícita para tramitar y resolver acciones de tutela. Conozco las razones coyunturales que hay tras esa propuesta pero, sinceramente, no concibo el ejercicio de la magistratura sin la posibilidad de proteger los derechos fundamentales mediante la herramienta más importante que ha creado la sociedad colombiana para ello: la acción de tutela. Así las cosas, no me siento comprometido con el diseño de ese nuevo tribunal.
De otro lado, a lo largo del trámite de este proyecto de reforma, en numerosas ocasiones, ante el Congreso de la República, en foros académicos y ante los medios de comunicación, he expresado mi criterio sobre las ventajas y desventajas del modelo que tenemos y el que se viene proyectando. Soy una persona abierta a la controversia y a la crítica: no le temo al desacuerdo ni al escrutinio de mis opiniones. En esos eventos he constatado el amplio rechazo social y político que suscita el Consejo Superior de la Judicatura, a veces por razones muy válidas y también a veces sin fundamento alguno.
He oído también las voces que consideran que el principal interés de varios magistrados en esta discusión es mantener sus privilegios y fueros, y, en el caso propio, conservar el cargo o prolongar su duración lo más posible, a pesar de la decisión democrática de suprimir el órgano. No puedo erradicar esa sospecha solo con mis palabras, así que considero necesario presentar mi renuncia, para con este hecho demostrar que eso no es cierto: no pretendo obtener ninguna ventaja personal con la exposición de mis ideas sobre el proyecto, ni ejercer un cargo a contrapelo de las decisiones del Congreso de la República, ni mucho menos presentar alguna pretensión patrimonial frente a la reforma constitucional que probablemente se aprobará.
Me he desempeñado por más de 25 años como profesor de derecho constitucional, y aunque no formo parte de las élites gobernantes del país, fui elegido magistrado de una las “altas cortes” de la nación. Durante estos últimos 16 meses he tenido el orgullo y el desafío de proteger los derechos fundamentales de mis conciudadanos y de velar por la ética y la corrección de los jueces y abogados del país. Es una dignidad inmensa que he procurado honrar con todos mis actos, públicos y privados. En el ejercicio de la magistratura he volcado sin reservas mis conocimientos y mi energía vital: son varios miles de sentencias, todas con rigor jurídico, imparcialidad y sentido de justicia.
No tengo una visión catastrofista de la sociedad colombiana ni de sus instituciones. Considero que con ensayos y errores, y en medio de condiciones siempre adversas, los colombianos hemos logrado construir un estado de derecho sólido y una democracia con la cual vale la pena comprometerse, pese a todos sus defectos.
Todo lo anterior me ha llevado a la convicción de la pertinencia de retirarme del cargo. Dejo de ser magistrado, pero no ciudadano.