Me comprometo solemnemente a hacer todo para que no se repita lo de la UP: Santos

En Palacio de Nariño el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en acto público y solemne reconoció la responsabilidad del Estado por el exterminio cometido contra la Unión Patriótica (UP), en el que más de 6 mil líderes, militantes y simpatizantes fueron perseguidos, a través de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas y desplazamiento forzado, entre otras violaciones. Esta ceremonia que efectuó el Gobierno es un acto voluntario del presidente de la República en concordancia con el acuerdo de paz llevado a cabo con las Farc en La Habana donde en el punto 5 de la agenda se habla de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad contra sectores políticos como la Unión Patriótica. “Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo. Así mismo, el presidente Santos insistió en que “la persecución y la tragedia de la Unión Patriótica –que, como ya dije, el Consejo de Estado en sus fallos ha calificado como exterminio– no se pueden volver a repetir”. El mandatario agregó que “lo que le sucedió a la Unión Patriótica siempre ha estado presente entre nosotros y no lo vamos a olvidar. Por el contrario, debemos esclarecer plenamente lo ocurrido”. A propósito, el jefe de Estado aseguró que el asesinato múltiple de una organización política no volverá a suceder en el país. “Me comprometo solemnemente a tomar todas las medidas para que una organización política no vaya a sufrir lo que vivió la UP (…) No podemos permitir que se vuelva a repetir y que se vulneren múltiples derechos como el de la vida”, manifestó. En ese sentido, dijo que el Estado debe garantizar que “movimientos políticos como el que pueda surgir tras las negociaciones de paz tengan la libertad para ejercer la política en todo el territorio nacional”. “Lo que le sucedió a la UP está presente en todos nosotros y debemos esclarecer todo lo ocurrido”, añadió. De igual manera, el jefe de Estado sostuvo que el Gobierno debe garantizar libertad y seguridad al partido político de las Farc que surgirá tras la firma de la paz. “Si estamos en medio de una transición a la paz –que es una transición política–, debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las Farc a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional”, manifestó. Es de señalar que la Corporación Reiniciar ha sido peticionaria y representante de las víctimas de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de 20 años, organismo que se encuentra pendiente de tomar una decisión sobre la responsabilidad del Estado por esos hechos. Escuche en este audio más información sobre: -Las autoridades confirmaron la identidad de los 2 ocupantes de aeronave desaparecida sobre río Magdalena. -13 presidentes de diferentes países confirmaron su participación en la ceremonia protocolaria de la firma del acuerdo final entre el gobierno y las Farc, que se celebrará en Cartagena el 26 de septiembre. -La Dian detectó que 22 mil comerciantes esconden sus ingresos para pagar menos impuestos utilizando el régimen simplificado. -El alcalde de Medellín confirmó la captura de tres hombres involucrados en la muerte de dos extranjeros en la ciudad. Las detenciones se dieron gracias a información de la ciudadanía. -En las próximas horas podrían conocerse más detalles sobre el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. -La construcción de la Avenida Bosa y la ampliación de la Avenida Ciudad de Cali tienen un avance del 32 por ciento. El distrito espera entregar las obras el próximo año para descongestionar las vías del suroccidente de Bogotá. -Ante liquidación de Egobus y Coobus, el Representante a la Cámara Carlos Guevara del MIRA, aseguró que esta decisión afectará a más de 3.000 pequeños propietarios que poseen alrededor de 4.700 buses tradicionales.