Después de semanas de polémicas y fuertes críticas de los gremios del sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura revocó la polémica resolución 052 que le daba superpoderes incluso para quitarle la personería jurídica a los gremios y cerrarlos.
En su momento, varias asociaciones, incluida la SAC, manisfetaron que esa resolución iba en contra del derecho constitucional a la libre asociación. En la actualidad, el propio Gobierno les da la razón.
"En la interpretación de las facultades otorgadas por la ley 2219 de 2022, no le está permitido a la administración ejercer medidas que puedan considerarse arbitrarias, desproporcionadas o contrarias al derecho al debido proceso. Sin embargo, sí puede implementar medidas para evitar, superar o restablecer el orden jurídico y estatutario afectado, buscando que cesen las conductas que infringen la norma, y restablecer la legalidad", señala la nueva resolución. El gobierno también se comprometió a que la resolución no se usará para atentar contra la libre asociación ni el derecho de las organizaciones a definir sus propios estatutos y asuntos internos.
El Gobierno, entonces, sí ejercerá la vigilancia y el control sobre gremios y asociaciones campesinas, pero enfocándose principalmente en medidas preventivas y correctivas. Por ejemplo, le pueden imponer planes de mejora a los gremios, ordenarles que convoquen a una asamblea de sus afiliados y pedirles información necesaria para la vigilancia.
Actualmente, la medida más drástica que podrá imponer el Gobierno es la 'suspensión de actos ilegales' pero antes de eso tendrá que existir un proceso que muestre que esos actos sí van contra la ley o contra los estatutos.
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