Montealegre criticó a Santos por proyecto paz total: Acuerdo de La Habana no está escrito en piedra

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el proyecto de paz total impulsado por el Gobierno nacional cobijará a grupos armados ilegales y bandas criminales de alto impacto, como el Clan del Golfo y los combos que operan en Medellín y el Valle de Aburrá. También se otorgaría beneficios judiciales a quienes fueron procesados durante la protesta social.En cuanto a los beneficios penales, Montealegre explicó que los máximos cabecillas que se sometan al nuevo sistema recibirán penas reducidas de entre 5 y 8 años. Para los integrantes de bandas criminales, las rebajas oscilarían entre el 40 % y el 60 %, mientras que quienes enfrentan cargos por hechos relacionados con la protesta social podrían recibir una reducción del 70 % en sus condenas.Montealegre no escatimó críticas al expresidente Juan Manuel Santos, uno de los arquitectos del acuerdo de La Habana con las FARC. “El Acuerdo de La Habana fue un gran acuerdo nacional que respaldé, pero debemos entender que esos acuerdos no están escritos en piedra (…) Si Juan Manuel Santos se opone a este nuevo proceso de paz, lo va a castigar la historia”, declaró.También arremetió contra el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, tras los reparos que este hizo al proyecto. “A mí me parece absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”, dijo Montealegre.El proyecto plantea que la reparación a las víctimas se haga a través de la entrega de bienes obtenidos con rentas ilícitas. Quienes se sometan podrían conservar hasta el 12 % de esos bienes y, además, se contempla la posibilidad de redimir el daño mediante trabajos en colonias agrícolas.¿Cómo funcionaría el modelo?Fuentes del Ministerio de Justicia indican que no se trataría de una nueva justicia transicional, sino de un fortalecimiento de la justicia ordinaria. El proceso arrancaría con una lista de aspirantes elaborada por el alto comisionado para la Paz, que luego sería entregada a la Fiscalía. El ente acusador revisaría los casos con el objetivo de proferir sentencias colectivas que permitan la judicialización.A diferencia del modelo tradicional, se eliminaría la audiencia de imputación y se avanzaría directamente a una audiencia de acusación. Allí, los postulados deberían aceptar los cargos formulados para acceder a los beneficios y cumplir con los requisitos exigidos por la ley.Expertos que participaron en la elaboración del proyecto estiman que, a diferencia de procesos como Justicia y Paz o los acuerdos de La Habana, este nuevo esquema podría completarse en un plazo de entre tres y cuatro años.